Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la cifra que debería devolver el Gobierno español, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado ilegal el ‘céntimo sanitario’, rondaría los 3.956 millones de euros, inferior a los 13.000 millones que se recaudó por este concepto durante el tiempo que estuvo vigente.
Este desfase se debe a que parte de esa cantidad, 9.176 millones de euros, habrían prescrito, ya que la Ley General Tributaria establece la prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de ingresos indebidos a partir de los cuatro años, por lo que únicamente los últimos ejercicios en los que este recargo ha estado en vigencia, desde el 2010 hasta el 1 de enero de 2013, son los que pueden reclamarse.
Ante esta situación, habría dos excepciones. Por un lado, los profesionales que solicitaron por la vía judicial la devolución del impuesto en diciembre de 2013, que podrían reclamar hasta 4.470 millones de euros, cantidad proveniente de la recaudación en el cuarto trimestre de 2009, resultante de calcular los cuatro años anteriores a la generalización de las solicitudes de devolución.
Y por el otro, los profesionales que desde el inicio exigieron la devolución durante el periodo que estuvo vigente el 'céntimo sanitario', por que lo podrían recuperar el dinero solicitado a devolver y siempre y cuando los procesos estén vigentes en los tribunales.
Sobre quién y cómo se puede solicitar esta devolución, aún se debe esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el órgano que trasladó esta cuestión al TJUE, determine quién, cómo y cuándo se debe reintegrar el dinero. Sin embargo, el desembolso no se realizará rápidamente, ya que los diferentes órganos judiciales españoles que cuenten con reclamaciones sobre este asunto tendrán que resolver caso por caso.
Así, según el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, este proceso no será "ni fácil ni rápido", ya que además todos los que quieran exigir la devolución de lo pagado, deberán aportar a la Agencia Tributaria las facturas de los distintos repostajes, con el desglose de los litros consumidos y el detalle del impuesto devengado.
No obstante, las asociaciones de transportistas ya están facilitando a todas sus empresas de transporte afiliadas que lo deseen la reclamación de dicho impuesto.
"Es un impuesto estatal"
De esta forma lo considera la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, que ha añadido que "el Estado es el legislador y al que le corresponder solventar las consecuencias", por lo que la devolución del céntimo "no debe suponer ningún impacto negativo para las comunidades autónomas".
Este impuesto estatal fue creado en 2002 como recurso adicional estatal para la financiación de la sanidad , con un tramo estatal de tarifas y otro autonómico que las comunidades podías establecer o no, dentro del anterior sistema de financiación autónomico recogido en la ley 21/2001.
A pesar de que al principio oscilaba entre 1 y 2,4 céntimos por cada litro de carburante, actualmente grava cada litro con hasta 4,8 céntimos, que también van destinados a medidas para controlar el impacto medioambiental. Estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 2013, cuando se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos, cumpliendo con la legislación comunitaria.
Otras comunidades autónomas, como Murcia, Andalucía, la única comunidad que sigue aplicando el máximo establecido de 4,8 céntimos por litro, o Galicia, también han considerado que el reintegro les corresponde al Gobierno central. Además, José Carlos García Cumplido, el secretario general de Fegatramer, la Federación Gallega de Transportes de Mercancía, ha estimado que reclamarán entre un 20 y 30% de los transportistas gallegos.
Este gravamen alcanzó los 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que fueron Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares.
En Navarra se situó en 2,4 céntimos por litro, frente a los 1,7 céntimos de Madrid, mientras que en Asturias fue de 4,8 céntimos para la gasolina y de 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia osciló entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 céntimos para el gasóleo.
Solo tres comunidades autónomas, que son Euskadi, La Rioja y Aragón, decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de venta al público en esas regiones fueran inferiores a los del resto del territorio nacional. Canarias tampoco lo aplica, si bien esta comunidad se rige por un régimen fiscal de insularidad específico.