La aprobación del nuevo tax lease despeja el horizonte para los astilleros españoles.

El nuevo 'tax lease', aprobado este año para la financiación al sector naval español, si cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha solicitado a los principales bancos españoles que detallen a cuánto ascienden las «ayudas incompatibles» del viejo sistema tax lease, considerado ilegal por la Unión Europea y sujeto a devolución desde el pasado año. El objetivo es conocer que agujero ha provocado en cada banco el haber participado como inversores de dicho sistema de bonificación, según recoge el Faro de Vigo. 

Además, Bruselas ha pedido al organismo regulador revisar el cálculo de la cantidad a devolver, estimada por Hacienda en 126 millones de euros.

Las cifras detalladas por los bancos españoles están sujetas al método de cálculo de la Dirección General de Tributos (DGT) que se hizo llegar a las Agrupaciones de Interés Económico (AIEs), los inversores del ‘tax lease’. Si bien este cálculo no ha sido considerado válido tampoco por Bruselas, hecho por el cual solicita la revisión de cuentas.

Cálculo aproximado

De todas formas, algunos bancos han rendido ya cuentas a Hacienda mediante este sistema elaborado por la DGT. A partir del mismo, desde el Banco Popular han asegurado en su informe a la CNMV que la cuantía estimada del impacto sería de unos 6,4 millones de euros, de los que 5,5 millones se corresponderían a la devolución pura de los beneficios fiscales, mientras que 900.000 euros se corresponderían con intereses de demora.

Según el informe remitido por el Banco Popular, este contaría con una sería de garantías por 2,5 millones, que se materializan mediante la contratación de un instrumento financiero cuyo titular es el astillero que, en base a una póliza de prenda, tiene pignorado a favor de la AIE.

A este respecto, cabe destacar que la decisión de Bruselas exime de forma explícita a los astilleros de asumir ninguna penalización o devolución por el uso del ‘tax lease’. Del mismo modo, las fuentes jurídicas destacan que a los astilleros solo se les podría solicitar las llamadas garantías de reembolso en el que caso de que la operación fracase o no entregue el buque al armador una vez recibido el dinero.