Cualquier intervención pública debe responder a una necesidad real que el mercado no garantice con suficiencia o calidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha emitido un informe sobre una propuesta ceutí para establecer una tarifa máxima en el servicio de transporte marítimo de pasajeros y vehículos entre Ceuta y Algeciras.
Actualmente a las tres navieras que operan la ruta se les imponen unas frecuencias mínimas, pero sus tarifas son libres. En paralelo, se está licitando un contrato de servicio público por el que se impone a la adjudicataria unas frecuencias mínimas, unas tarifas máximas y unas determinadas características técnicas del buque.
Desde Competencia, recuerdan que el servicio de transporte marítimo de cabotaje es una actividad libre en la Unión Europea, por lo que cualquier intervención pública debe responder a una necesidad real que el mercado no garantice con suficiencia o calidad.
En este caso, no se puede descartar el interés y capacidad de la iniciativa privada para ofrecer el servicio, lo que debería llevar a replantear las medidas vigentes y profundizar en el estudio de las condiciones de la oferta y la demanda.
Impacto de la tarifa
Por otra parte, la propuesta debería partir de un análisis del impacto previsto de esta tarifa sobre las empresas que operan la línea y los pasajeros que se verían afectados, a los que ya se aplican otras bonificaciones.
Así, si el objetivo de la medida es favorecer el tránsito de los ceutíes a la península, cabe recordar que ya existen otras medidas que lo fomentan, como las diferentes subvenciones. Además, desde la CNMC explican que debe realizarse un estudio para verificar que la estimación de costes de los operadores se ajusta a un servicio eficientemente gestionado.
Si de todos modos se opta por intervenir en el mercado para garantizar el servicio, se debe mejorar sustancialmente su diseño. De la misma manera, el informe establece que los requisitos y condiciones fijados presentan carencias relevantes y podrían no adecuarse a la normativa de ayudas de Estado.
Esto lleva a Competencia a preguntarse si el proceso de licitación ha sido suficiente para garantizar la competencia efectiva y adecuado para conseguir el menor coste para la colectividad.