Un mes después de que la Comisión Europea evaluase la cuantía final de las subvenciones concedidas a la obra de ampliación de El Musel, tras el informe presentado por la Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF), en el que recomendaba la recuperación de las cantidades abonadas, Gobierno, Abogacía y Fiscalía no han concretado la linea de actuación a seguir, según informaciones de El Comercio.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, después de tener acceso al informe de la OLAF, aseguraba poder aclarar algunas cuestiones que ponía en duda el informe sobre la presunta connivencia de la Autoridad Portuaria con las empresas para defraudar, argumentada por la Organización.
DG Regio pide más datos a la Administración
La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (DG Regio), entidad a la que corresponde aceptar la propuesta de la OLAF de dejar a El Musel sin la subvención europea de 149,7 millones, o enmendarla en la medida que considere conveniente, se ha puesto en contacto con la Administración española para pedir nuevos datos e intentar llegar a un acuerdo.
Por otro lado, la Fiscalía no ha dado a conocer decisión alguna además de su aprobación para la entrega del informe de la Olaf al Gobierno del Principado y a la Autoridad Portuaria de Gijón. Tampoco se han pronunciado Puertos del Estado o el Ministerio de Fomento sobre datos concretos del informe.
En lo referente al debate político que ha generado la cuestión de El Musel, conviene recordar que, hace unos días, el PP de Asturias exigía al gobierno que se le facilitase una copia del informe de la Olaf. Por otra parte, varios grupos políticos asturianos comparten la idea de que las irregularidades, de haberse cometido, deben perseguirse.
En una entrevista concedida a El Comercio, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, ha dado respuesta técnica a algunas de las cuestiones que se expresan en el informe.
Rexach ha explicado que poner a disposición de todos los concursantes la cantera de Aboño no limitaba la competencia, como asegura la OLAF, sino que la aumentaba. Por otro lado, el sobrecoste estuvo justificado porque no todas las canteras eran válidas para sacar la escollera que se necesitaba. Además, ha recordado que todas las decisiones contaron con el visto bueno de los consejeros del puerto y de la Abogacía.