Sede de Aena en Madrid.

El pasado 13 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la privatización de parte del ente encargado de gestionar los aeropuertos públicos españoles

A falta de comunicados oficiales por ambas partes, la familia March, a través de Corporación Financiera Alba, podría haber presentado una oferta para pujar por un tercio del 21% de Aena que se colocará entre los tres inversores de referencia que compondrán el ‘núcleo duro’ del operador de aeropuertos. Al finalizar la sesión, las acciones de la Corporación Financiera Alba se disparaban un 6%, como consecuencia del fuerte rumor que cobraba fuerza sobre su participación en la privatización de Aena.

A las 13.00 horas de este pasado martes ha concluído el plazo para que las firmas y los interesados en formar parte de ese ‘núcleo duro’ presenten sus ofertas a Aena. Fomento contaba con unos seis o siete inversores interesados en el proceso.

La correspondiente mesa de contratación determinará posteriormente los tres inversores entre los que colocará el 21% de Aena, «que serán quienes presenten la mejor oferta y cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de contratación«, según ha indicado la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Según Pastor, el ‘núcleo duro’ se conformará «en estas dos semanas» para posteriormente abordar la oferta pública de venta (OPV) de acciones con las que Fomento prevé colocar entre particulares e institucionales otro 28% de su capital y debutar en Bolsa en el mes de noviembre.

De esta forma, el Estado cederá la titularidad del 49% del capital social de Aena y mantendrá el control de la compañía al conservar el 51% restante.

Esta circunstancia, dejará fuera, con toda probabilidad, a compañías como Ferrovial, que participa en proyectos en los que controle la gestión.

En cuanto a los socios del Estado en el ‘núcleo duro’ de Aena, Pastor ha asegurado que tendrán representación en el consejo de administración de la compañía de gestión de aeropuertos.

En función de las principales cifras previstas por Aena para final de año, que contemplan un ebitda de entre 1.500 millones y 1.600 millones y los múltiplos aplicados para este tipo de transacciones, que suelen estar entre nueve y once veces ebitda, la valoración podría rondar los 15.000 millones de euros.

Algunas valoraciones sitúan el equity entre 3.500 millones y 4.500 millones, por lo que, si finalmente se coloca un 60%, el Estado podría ingresar hasta 2.700 millones.