CCOO considera insuficiente este plan.

El nuevo contrato tendrá una duración de un año prorrogable en otra anualidad más.

El Consejo de Ministros del pasado viernes ha dado el visto bueno a la firma de un ha contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para la Administración Central, que se adjudicará a Correos mediante procedimiento negociado sin publicidad, al tratarse de servicios que solo pueden ser encomendados al operador postal público, dada la ausencia de competencia «por razones técnicas», según alega el Gobierno, en este ámbito.

Este contrato incluye a todas aquellas entidades del Sector Público Estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria, como, entre otros, Ministerios, Organismos, Agencias, Servicios comunes y Entidades gestoras de la Seguridad Social.

El presupuesto de licitación del contrato es, en función de los envíos estimados para el periodo, de 108.130.365,79 euros, mientras que su valor máximo estimado es de de 214.473.452,80 euros.

Así mismo, cuenta con un plazo de ejecución de doce meses prorrogables en otro año más, a contar desde el próximo 1 de noviembre, cuando está previsto que empiece a funcionar, para evitar vacíos y dar continuidad al suscrito en diciembre de 2016 y que se encuentra actualmente en vigor, hasta el próximo 31 de octubre de 2018.