El boyante negocio de envíos de comercio electrónico que parece ir tan bien durante la crisis sanitaria no parece suficiente para mantener la estructura de Correos, ante una situación tan extraordinaria como la existente desde mediados de marzo, que ha supuesto que el operador público, con la presión de los sindicatos que pedían mayor protección para plantilla, haya reducido su actividad drásticamente.

En estas circunstancias, el operador postal público ha tenido que recurrir a pedir un crédito de 47 millones de euros para pagar las nóminas de sus 55.000 empleados en el mes de marzo, según el sindicato CSIF.

La empresa justifica el recurso a financiación externa en que ha dejado de ingresar 60 millones de euros en el primer trimestre de 2020.

Ante esta situación que califica de «difícil», CSIF exige a Correos la convocatoria urgente de la mesa de negociación en la que se establezcan los plazos de la desescalada en la disminución de la actividad por la instauración del estado de alarma, aunque preservando las medidas de salud e higiene para la plantilla de la empresa pública.

El sindicato abunda en que «tarde o temprano se deberá normalizar la situación en la empresa para hacer frente a esta situación caótica, que ahora mismo, según la empresa, es una amenaza directa para el futuro».

Por estos motivos pide que se midan bien los tiempos, «garantizar siempre todos los equipos de protección individual y hacer de una vez los test,  porque la exposición al coronavirus de los empleados de Correos es siete veces mayor que la de un ciudadano normal».

Otros sindicatos de la empresa pública también vienen denunciando desde hace semanas la falta de equipos de protección para unos trabajadores de un sector esencial con mucha exposición a un posible contagio de coronavirus y un alto nivel de incidencia de la enfermedad en su plantilla de todo el país.

Así las cosas, la dirección de la empresa pública no ha tenido más remedio que licitar directamente la adquisición de 4.750.000 mascarillas autofiltrantes para la plantilla de todo su grupo empresarial, para hacer frente inmediato a la protección de sus trabajadores y en la que empleará 11.875.000 euros.