Las empresas buzón son ilegales, aunque algunas empresas crean que están justificadas.
Siempre he defendido que, por encima de todo, hay que respetar la Ley. En un Estado de derecho, el primero que está obligado a ello es el Gobierno y, por extensión, todos los ciudadanos.
Cualquier organización o empresa, en un Estado de derecho, debe defender el cumplimiento de la Ley, aunque considere que una ley pueda perjudicar sus propios intereses.
Es legítimo, sin embargo, pretender cambiar una Ley que se considere perjudicial, siempre que se utilice para ello los propios mecanismos legales que nos facilita el Estado de derecho. Pero mientras exista una ley, hay que respetarla, guste más o guste menos.
Valga este elemental preámbulo para centrar lo que pretendo exponer:
Hay empresas de transporte que están justificando la transgresión de la Ley por su propia supervivencia y hay organizaciones de transportistas que lo están consintiendo o miran para otro lado porque entre sus asociados o sus propios dirigentes hay quienes han optado por esta deriva.
Me refiero a las denominadas empresas buzón, las falsas cooperativas, la contratación falsos autónomos, o el incumplimiento de los convenios colectivos.
En el caso de la creación de empresas buzón, hay empresas que piensan que no solo está justificada, sino que es legal y lo consideran un éxito de su gestión que las demás empresas deberían seguir si quieren sobrevivir en un mercado tan duro como el del transporte.
Pues no. Por si no se han enterado o su organización no se lo ha explicado, crear una empresa en Rumanía, por ejemplo, con el único objeto de contratar mano de obra barata, pagar una seguridad social ridícula y otras ventajas no desdeñables, como la falta de control e inspección, es ilegal.
Esta práctica vulnera la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios transnacional, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, y la más reciente Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE antes mencionada.
Esta última, establece en el preámbulo que su finalidad es impedir, evitar y combatir cualquier abuso o cualquier elusión de las normas aplicables por parte de las empresas que sacan un provecho indebido o fraudulento de la libre prestación de servicios consagrada en el Tratado Fundacional de la U.E.
[sumario]Crear una empresa en otro país sin otro objetivo que el de contar con ventajas fiscales es ilegal[/sumario]
Aclara que el empleador debe estar auténticamente establecido en el Estado miembro desde el que tiene lugar el desplazamiento y para ello la autoridad deberá analizar el volumen de negocios de una empresa en el Estado miembro de establecimiento, al objeto de determinar si esa empresa realiza verdaderamente actividades sustantivas y no puramente de gestión interna o administrativas.
Esto es aplicable tanto para las empresas buzón como para aquellas otras oriundas de los países del Este que, aprovechado las ventajas sociales y de otro tipo que les ofrece su país, desplazan sus flotas y a sus conductores por toda Europa arrasando los mercados. Por esta razón, Francia, Alemania o Italia están imponiendo controles con el fin de erradicar este tipo de conductas.
Las empresas que estén pensando en crear una empresa en Rumanía, Bulgaria u otro estado de la UE, sin que vayan a transportar nada en estos países o con origen o destino a los mismos, deberían asesorarse previamente en la propia Inspección de Trabajo y no en un bufete sin escrúpulos.
Nosotros seguiremos defendiendo el estricto cumplimiento de la Ley y la defensa de las empresas que la respetan, exigiendo a la vez que el Estado español y la Unión Europea arbitren las medidas necesarias que eviten la competencia desleal que tanto daño está causando a nuestro sector.
Cualquier otra manera de proceder nos conduciría al caos.
Manuel Pérezcarro MartínSecretario General FROET
