Los últimos días de agosto, la Magistrada Juez titular del Juzgado Mercantl número 2 de Pontevedra ha dictado sentencia en relación con el concurso de acreedores de Transportes Martínez Souto, declarándolo fortuito y, en consecuencia, eximiendo a sus administradores y propietarios de cualquier culpa o responsabilidad en la gestión que derivó en la situación de la empresa.

El operador gallego dejó en febrero de 2018 de prestar servicios a sus clientes y de pagar a buena parte de sus proveedores, entre otros, los más de 700 transportistas que de forma habitual trabajaban para la compañía.

En total, la empresa potevedresa había acumulado una deuda con sus acreedores de más de 70 millones de euros.

En la práctica, la decisión judicial impedirá que los cientos de transportistas afectados puedan cobrar los importes que les adeudaba la empresa, al no poseer masa activa suficiente para hacer frente a las deudas de sus acreedores.

Sin embargo, Fenadismer estima que «se han ido poniendo en evidencia la existencia de importantes irregularidades en su gestión que llevaron a la situación de suspensión de pagos en que quedó la empresa».

Según la organización empresarial, el administrador concursal habría puesto de relieve «algunas de las actuaciones más relevantes que originaron tal insolvencia, como su excesiva exposición a inversiones inmobiliarias de dudosa rentabilidad pese a ser una empresa dedicada al transporte de mercancías y no al sector inmobiliario», así como algunas «inversiones financieras a corto plazo realizadas por la empresa».

De igual modo, también se estima que el cese de actividad se produjo “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”, aunque, por contra, la sentencia asevera que no hay pruebas suficientes que permitan imputar culpabilidad alguna.