La actuación coordinada de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular dos organizaciones criminales que han cometido un fraude de 120 millones de euros en el sector de hidrocarburos. Ambas organizaciones se dedicaban a comprar grandes cantidades de gasóleo y gasolina eludiendo el pago del IVA, lo que les permitía venderlos posteriormente a precios sin competencia.
La operación “Bashnya” que ha tenido lugar en España, Portugal y Suiza comenzó en febrero del año pasado, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible fraude en el sector de hidrocarburos.
Por su parte, la Agencia Tributaria toma partido bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que descubrió la existencia de dos tramas organizadas para defraudar en la distribución de gasolina y gasóleo.
Los agentes han detenido a 30 personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la libre competencia, contra la hacienda pública y falsedad documental. Además, han realizado 23 registros en domicilios y empresas del entramado, en los que se ha intervenido bienes por valor de más de 55 millones de euros.
El volumen de negocio detectado en las cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones criminales supera los 1.000 millones de euros. Hasta la fecha se han intervenido 79 vehículos de alta gama, 209 inmuebles, 20 millones de euros en varias cuentas bancarias y 3,5 millones de litros de carburantes.
Estas actuaciones coinciden con otras llevadas a cabo en paralelo por la Guardia Civil con la colaboración de la Hacienda Foral de Navarra, que detectan la implantación en la Comunidad Foral de una nueva trama orquestada y dirigida por los mismos sujetos que organizaban la descubierta en Madrid.
Modus operandi
Las organizaciones investigadas han operado durante 4 años en el sector de los hidrocarburos en Cataluña, la zona centro peninsular y Galicia. Para dar una apariencia de legalidad y obtener el permiso para operar en el mercado español, las organizaciones se presentaban ante la Administración de la mano de personas de reconocido prestigio en el sector y realizaban importantes inversiones económicas en el mismo.
Los integrantes de estas redes intentaban controlar las gasolineras vendiendo a precios sin competencia los hidrocarburos que comercializaban y creaban paralelamente “brookers” internacionales para su adquisición. Esto les permitía controlar la entrada de hidrocarburos en territorio nacional, su distribución y posterior venta al por menor.
La organización eludía el pago del IVA correspondiente aportando declaraciones falsas ante la Hacienda Pública, con lo que se ahorraban grandes cantidades de dinero en dicho concepto. Esto les permitía posteriormente vender sus productos a precios muy bajos y sin competencia.
Parte de los beneficios que obtenían se invertían en estructuras empresariales legales. De este modo, podían expandir e incrementar su influencia en los mercados, a la vez que potenciaban su actividad criminal al disponer de más recursos.