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La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama de 61 sociedades del grupo naviero Contenemar con las que trataba de evitar el pago de tasas en varios puertos españoles, según ha informado Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, una de las afectadas.

La actuación de la Agencia Tributaria, que se denomina «Operación Pancho», comenzó en el puerto de Las Palmas «hace unos diez meses«, ha especificado Ibarra, donde el grupo Contenemar, en suspensión de pagos desde el año 2009, dejó dos grúas de escaso valor como pago de una deuda acumulada de cinco millones de euros.

Tras no recuperar el dinero adeudado en la subasta de las grúas, la Autoridad Portuaria de Las Palmas puso lo ocurrido en conocimiento de la Agencia Tributaria para que abriera una investigación y, de ser posible, iniciara un expediente de cobro.

El organismo estatal extendió sus indagaciones a Contenemar a todo el territorio nacional y encontró impagos a las administraciones públicas por un importe total de 40 millones de euros, de los cuales 30 millones están en fase de embargo.

Las ramificaciones de la trama del grupo naviero se extendían a diez provincias españolas, entre otras Barcelona, Madrid y Cádiz, y además están afectados los dos principales puertos de Canarias.

126 actuaciones de embargo

Tras ser requerida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Agencia Tributaria comenzó a estudiar en septiembre de 2012 las relaciones societarias, 165 cuentas bancarias y la vinculación de operaciones realizadas con terceros desde 2010 por parte del conglomerado empresarial en Canarias, de la que también logró detectar al testaferro que usaba en las redes sociales.

El organismo estatal dejó operar a la última de las sociedades de este entramado canario, creada en febrero de 2012 y que funcionó hasta octubre de ese año con tan solo tres trabajadores, declarando una facturación de unos 35 millones de euros en apenas tres meses.

Con esta operación, se pudieron llevar a cabo 126 actuaciones de embargo en diez provincias españolas en las dos horas posteriores al inicio del procedimiento, ha destacado la Agencia Tributaria.