Este mismo mes se ha dado a conocer el informe provisional del administrador concursal sobre la quiebra de Transportes Souto, así como el inventario de bienes de la empresa pontevedresa.

En su informe, el administrador concursal, según refiere Fenadismer, da cuenta de la excesiva exposición de la compañía a inversiones inmobiliarias, con alquileres de algunas naves cuyas rentas mensuales no pueden “considerarse importes ajustados a mercado”.

Además, en el informe también se muestra sorprendido porque Souto “haya invertido el dinero generado con su actividad principal (transporte de mercancías) no en la actividad que forma parte de su objeto social, sino en el sector inmobiliario”, lo que podría haber producido un deterioro de activos inmobiliarios por un importe cercano a los seis millones de euros que lleva a cabo la empresa contablemente a finales de 2014, lo que ocasiona “un importante quebranto”.

De igual modo, el administrador concursal revela que “que en los últimos ejercicios han salido recursos de la compañía por importe próximo a los 20 millones de euros a favor de partes y entidades vinculadas con una muy remota posibilidad de retorno para Transportes Martínez Souto S.L., lo que a juicio de esta parte también puede haber influido notablemente en la causa del estado actual de insolvencia”.

En este sentido, el informe incide en la situación acreedora que Souto mantiene con entidades vinculadas a la propia empresa por un importe acumulado de más de 3,5 millones de euros, así como la existencia, según apunta Fenadismer, de “un crédito a favor del socio y administrador D. Jesús Martínez Souto que alcanza los 13.776.131,16 euros”, que podría haber trastocado la liquidez de la mercantil en 2017 y para el que la administración concursal no habría encontrado justificación.

Un concurso «sin planificación»

En relación con el cese de actividad de Transportes Souto, su administrador concursal estima que se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”, así como que no hubiese iniciado un expediente de regulación de empleo de la plantilla previo a la declaración de concurso, algo que habría acabado “incrementando de forma importante sus deudas salariales contra la masa”, teniendo en cuenta que la nómina mensual de la compañía superaba los 800.000 euros mensuales.

En función de todas estas circunstancias, el administrador concursal hace un “juicio crítico sobre las cuentas anuales y los estados financieros” de la empresa, tras el que se procederá a la apertura de la fase de liquidación en la que el Administrador concursal hará el informe definitivo y propondrá la calificación del concurso de acreedores.