El aplazamiento de impuestos articulado por la Administración para autónomos y PYMEs, como consecuencia de la crisis sanitaria, puede tener efectos poco deseables sobre la frágil economía de estas compañías, que son amplia mayoría en el transporte por carretera.

Según Fenadismer, la nueva normativa «no resuelve de forma efectiva el problema real de falta de liquidez de las empresas, frente a lo que defiende el Gobierno, sea cual sea la fórmula de aplazamiento por la que se optó en su momento y plantea numerosas dudas en relación a su aplicación».

A jucio de esta organización empresarial, lo más preocupante puede producirse el próximo 1 de junio, cuando las pequeñas empresas y autónomos tendrán que «hacer frente a la exigencia por parte de la Agencia Tributaria de pagar de golpe todos los impuestos que tuvieran aplazados antes de la covid-19″.

Fenadismer estima que la circunstancia puede provocar «una situación de ahogamiento por falta de liquidez que impedirá continuar desarrollando su actividad», por lo que pide un procedimiento extraordinario que permita afrontar la deuda tributaria de forma escalonada.

De igual modo, la situación provocará también problemas burocráticos, al tener que volver a solicitar otro aplazamiento y en todo caso solo se aplazarían las cantidades no pagadas en el primer mes, ya vencido.