Instalaciones de Unipost en San Fernando de Henares

Unipost podría tener cinco facturas de la Generalitat pendientes por el 1-O.

El administrador concursal de Unipost habría renunciado a reclamar a la Generalitat de Cataluña cerca de un millón de euros que esta administración autonómica le adeudaría por los trabajos realizados de reparto de documentación con motivo de la consulta ilegal celebrada el 1 de octubre de 2017.

Según informa Europa Press, la Guardia Civil ha interrogado a los administradores concursales del operador postal privado, quienes han explicado que no tiene intención de solicitar el pago del servicio a la Generalitat porque «esas facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación«, ya que, según su criterio, constan como  «facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro en la contabilidad de la concursada».

Los datos aportados por los Cuerpos de Seguridad del Estado reflejan que los servicios de Unipost para la consulta ilegal generaron un compromiso de gasto de 979.661,56 euros, repartidos en cinco facturas para otras tantas consejerías de algo menos de 200.000 euros cada una, para repartir 56.000 tarjetas censales y cartas certificadas para los componentes de las mesas electorales del 1 de octubre de 2017.

La Guardia Civil habría detectado, según Europa Press, que Unipost habría anulado todas estas facturas para volver a generarlas instantes después, que se habrían encontrado en despachos de la empresa, con el fin de burlar los controles.