El Brexit tendrá, dentro de las operaciones de transporte de mercancías, efectos de carácter administrativo y de control sobre los vehículos, las mercancías y las personas, que supondrán una mayor dificultad para la operativa y un incremento de los costes para el sector, a juicio de los transportistas.

En este sentido, Cetm ha trasladado a la Comisión Mixta para la UE del Congreso y el Senado que se ha celebrado este mes en el Congreso de los Diputados, que la solución final del Brexit deja abiertos dos flancos para el transporte.

El primero de ellos tiene que ver con los servicios con origen y destino a las islas británicas, mientras que el segundo corresponde a las operaciones de transporte con Gibraltar.

Así mismo, el sector ha trasladado a los representates del poder Legislativo que tenido importantes problemas antes de hacerse oficial el Brexit con los polizones a bordo de los vehículos de transporte, el control en aduana y las repercusiones sobre las empresas de transporte por sanciones, así como por problemas con las mercancías presuntamente contaminadas.

Trámites aduaneros y controles más exhaustivos

El Brexit podría suponer que se extremen aún más los requisitos de los trámites aduaneros y del control de los vehículos y mercancías y devolver a la palestra problemas en relación con la nacionalidad de los conductores contratados.

Por otra parte, el sector también se ha mostrado preocupado por cuáles serán los requisitos sobre las autorizaciones de transporte a utilizar en las relaciones futuras con el Reino Unido, así como por la regulación del cabotaje y los requisitos sobre trabajadores desplazados.

De igual modo, según Cetm, el proceso también podría afectar a la legislación sobre pesos y dimensiones.

Por otra parte, el problema se podría agudizar con todos los tráficos diarios de recogida y reparto de mercancías en el régimen de servicios de paquetería y carga fraccionada con Gibraltar, si se extreman las condiciones de los controles en aduana.

En definitiva, el sector aboga por un proceso que no ponga en riesgo a las empresas, pero que diferencie claramente el estatuto de Estado miembro del de país tercero, para evitar cualquier efecto llamada en otros países de la UE.