El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha acordado informar «negativamente» sobre el proyecto de Orden con el que el Ministerio de Fomento busca modificar los pesos y dimensiones de los vehículos industriales en España.

En una carta remitida por el presidente del CNTC, Ovidio de la Roza, a la secretaria del Consejo Superior de Tráfico, Segutidad Vial y Movilidad Sostenible, Mónica Colás, se advierte de la imposibilidad de analizar el texto con la profundidad que se requiere en el plazo concedido de diez días.

Un plazo con el que el Comité no está «en disposición de entrar en pormenores técnicos», lo que le lleva a justificar su postura en que esta modificación debe hacerse con criterios de rigor técnico y de seguridad jurídica«atributos de los que adolece completamente el texto».

Además, los presupuestos previstos para adaptarse a las nuevas dimensiones son «tan imprecisos y genéricos, que admiten todo tipo de interpretaciones, algunas de ellas alarmantes», se asegura desde el CNTC.

Así, entre las causas para rechazar el documento están la falta de aclaración sobre el encaje legal de las autorizaciones para la circulación de megatrailers, no la categoría que se le asignará a este tipo de vehículos, por lo que «la inseguridad jurídica no puede ser mayor».

Asimismo, existe una falta de mención a estudios técnicos acerca de su incidencia en la seguridad vial; y una falta de homogeneidad y coherencia de la normativa europea, «que es lo que este sector lleva años reclamando a la Administración, para que se promueva ante las instituciones Europeas».

En este sentido, el CNTC rechaza la referencia que el texto del proyecto hace a los estudios de la Comisión Europea, «cuando éstos no tienen ningún tipo de traducción normativa».

«Enormes presiones» de los cargadores

Por último, el Comité, consciente de las «enormes presiones» que sobre el Gobierno están realizando determinados sectores de empresas cargadoras, que «anteponen su interés económico a cualquier otra consideración», está dispuesto a debatir todas estas cuestiones «con la serenidad que la medida requiere», aunque «bajo criterios de rigor técnico, seguridad jurídica,  y un ordenado funcionamiento del mercado de transporte«.

En caso de no atender a la opinión del sector, el Comité advierte de que «no puede pretenderse que asuma la responsabilidad que la medida comporta» y señala directamente al Gobierno y a los «diversos sectores del empresarios», que serán «quienes asuman la total y absoluta responsabilidad de las consecuencias de introducir tal modificación».