Las asociaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, CNTC, han decidido recurrir judicialmente los desvíos obligatorios de camiones de las carreteras N-340 y N-240 a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.

Esta medida, adoptada en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, ha entrado en vigor el 2 de septiembre de 2018 para los vehículos industriales de cuatro o más ejes que circulan por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona.

Más de 4.000 camiones se ven afectados diariamente por estos desvíos, lo que ha llevado a aprobar sendas resoluciones por parte de la Dirección General de Tráfico y del Servicio de Tránsito de Cataluña, así como por parte del Ministerio de Fomento que fijan descuentos por el uso obligatorio de la autopista.

No obstante, tanto Fenadismer como el resto de integrantes del CNTC entienden que se trata de una norma discriminatoria, tanto por la obligatoriedad establecida para los camiones a frente a su carácter voluntario para el resto de vehículos, como por el importe reducido de la bonificación y la atribución “injusta” y “populista” de la siniestralidad al sector del transporte.

Ante esta situación, desde la Federación insisten en que precisamente los vehículos de mercancías son los únicos que han reducido su siniestralidad en 2017, a tenor de los datos anuales publicados por la DGT.