El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha interpuesto querella criminal ante los Juzgados de San Sebastián contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide, y contra Bidegi.

El órgano consultivo estima constitutivo de delito el hecho de que la Diputación de Guipúzcoa siga cobrando, a través de la empresa pública, el canon previsto para camiones que circulan por la N-I y la A-15.

De igual modo, el Comité alega que las instituciones provinciales guipuzcoanas tienen pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la declaró nula y de que dicha resolución es firme, «más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable«.

En un comunicado, el Comité defiende que «esta querella es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política».

Así mismo, el órgano consultivo afirma que la Diputación «prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas».

A este nuevo frente legal hay que añadir que la propia Diputación tiene previsto interponer incidentes de nulidad contra la sentencia del Supremo, en una escalada judicial que parece no tener fin, pese a que el transporte parece haber ganado la batalla en los Tribunales.