El buque Reyes B. llegando a la Dársena del Batán en el Puerto de Sevilla

La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde, este martes 13 de mayo, al Proyecto de Ley de Navegación Marítima, que ahora pasará al Senado, tras incorporarse al texto inicial del Gobierno una docena de enmiendas de la oposición y trece transaccionales, además de las 17 propuestas de modificación planteadas por el PP.

El texto completo del proyecto de ley se ha votado en tres partes. Tanto el PP como UPyD han votado a favor del conjunto de la norma, mientras que la Izquierda Plural y el PNV se han opuesto en su totalidad.

Las enmiendas del PSOE 

El proyecto ha contado con el apoyo socialista en algunos artículos y la abstención en la votación del resto del dictamen. El diputado socialista José Segura ha explicado que dicha abstención se debe a que el Título I de la norma “no es suficientemente completo” y faltan dos capítulos, “uno vinculado a salvamento de vidas en la mar, y otro, a la lucha de la contaminación marina ambiental”

«Tenemos la obligación de dar cobertura y apoyo a todos los sectores vinculados al transporte marítimo de nuestro país”, apuntó Segura. “Se trata de un proyecto ambicioso y necesario para la normalización, modernización y homogeneización de las actividades comerciales y aseguradoras y de todas aquellas vinculadas al transporte marítimo”, resaltó.

José Segura ha subrayado que su grupo parlamentario ha presentado 144 enmiendas que “mantienen fidelidad con los tres objetivos fundamentales de dicho proyecto de ley: homogenizar el ordenamiento jurídico doméstico con el derecho marítimo internacional, proporcionar seguridad jurídica al tráfico y a sus instrumentos, y reflejar la realidad práctica actual del transporte marítimo”.

En concreto, los socialistas pretenden «incrementar la eficiencia del sistema de seguridad jurídica preventiva» manteniendo la vigencia de los títulos públicos de registro de buques, «mejorar» la regulación de los contratos de utilización de buques para «allanar el camino» a la entrada en vigor de las nuevas Reglas de Rotterdam, que deberán incorporarse pronto a la normativa nacional.

También defienden entre los objetivos de sus enmiendas «proteger al pasajero» marítimo, e incrementar la regulación sobre contaminación de la mar o salvamento marítimo, que en el proyecto resulta «incoherente»

Oposición de CiU, PNV y la Izquierda Plural

Desde CiU, se echa en falta la regulación de un «proceso de subasta notarial de buques» y que no se haya solucionado la regulación de las hipotecas navales como documento público, ambas propuestas recogidas en las enmiendas del grupo parlamentario. También han subrayado su deseo de «preservar las competencias autonómicas» en materia de autorización de intervenciones de arqueología subacuática.

Por su parte, el PNV ha centrado sus enmiendas en la «salvaguarda de los requerimientos competenciales» previstos en la Constitución, en el estatuto de autonomía y en algunas normas forales sobre temas como despacho de buques, gestión portuaria, registros de buques o pesca.

Desde la Izquierda Plural, el diputado por Asturias, Gaspar Llamazares, ha señalado que el documento será «fallido» porque «pese a actualizar una norma centenaria ni moderniza ni compila ni aborda los principales problemas de la marina civil y la navegación marítima».

Para el diputado, el volumen de enmiendas presentado por su grupo representa su desacuerdo con un proyecto que «aumenta la inseguridad jurídica, supone una desprofesionalización del sector y no permitirá luchar de forma suficiente contra la contaminación marítima».

Opinión del Gobierno

Desde el PP han defendido que la tramitación de la ley se ha hecho con una buena negociación parlamentaria y «sin ningún tipo de prisas, dada la trascendencia del texto», que supone la derogación del Código de Comercio.

Además, el portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Andrés Ayala ha expuesto que «el PP ha hecho un ejercicio de apertura y aceptación de muchas enmiendas»argumentando su rechazo a los cambios en materia de contaminación marítima o salvamento en la mar en que esos temas ya están regulados en otras normativas.

Por otra parte, ha negado que este proyecto de ley conculque ninguna competencia autonómica y ha defendido la escrituración privada de los buques, en línea con lo que sucede en el resto del mundo y para no perjudicar a los empresarios navales españoles en cuanto a los costes.

Desde UPyD, que también ha votado a favor del conjunto de la norma, han señalado que esta «ley secular necesitaba cuanto antes una puesta al día» y ha valorado positivamente el resultado de la negociación y la aceptación de enmiendas, pese a lo cual su grupo no está «completamente de acuerdo» con el resultado.

No obstante, cree que los avances han sido suficientes para apoyar el texto si bien ha insistido en la necesidad de retirar el tratamiento fiscal especial que se le da a los buques de recreo.