El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para su envío al Parlamento y su posterior tramitación. Se cumplen de esta forma los plazos previstos y anunciados por el director general de Transportes Terrestres, Joaquín del Moral, y su equipo en Fomento y, al mismo tiempo, se cierra un largo proceso para definir el proyecto de nueva LOTT que afrontó el equipo del exministro de Fomento, José Blanco, pero cuya iniciativa quedó paralizada por el adelanto electoral del 20-N de 2011, y que retomó el actual equipo de Ana Pastor introduciendo modificaciones sustanciales.
Tras el visto bueno del Gobierno en segunda lectura, las previsiones pasan por que el proyecto inicie en enero su tramitación parlamentaria. Un proceso que a priori, no tendría que demorarse en exceso gracias a la mayoría que el partido del Gobierno tiene en las Comisiones de Fomento del Congreso y el Senado.
El proyecto de la LOTT no ha sufrido excesivas modificaciones entre la primera lectura que hizo el Consejo de Ministros y la que realizará hoy, a pesar de haber pasado el filtro del Consejo de Estado y de otros organismos reguladores, como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). De esta forma, se mantiene la no exigencia de capacitación profesional del transportista, ni de tener que realizar el visado de su autorización de transporte a los vehículos de entre 2 y 3,5 PMA.
Precisamente este ha sido uno de los puntos más polémicos del proyecto y al que se han opuesto la mayoría de las organizaciones de transportistas. Sin embargo, el propio CNC ve “positivo” e, incluso va más allá al considerar que “una adaptación verdaderamente favorecedora de la competencia del Reglamento comunitario en este punto conduce a proponer, directamente, la eliminación del requisito de autorización para este tipo de vehículos”, y, por tanto, no solo su exoneración.
Críticas del sector cooperativista
Entre las asociaciones más críticas con el proyecto de LOTT, está Fenacontrans que considera este proyecto como “un ataque sin precedentes a la economía social del transporte y las cooperativas”. Para reforzar este argumento, Alberto Ara España, vicepresidente de ATA, entiende que si el anteproyecto de LOTT se publica tal cual está ahora, el 90% de las cooperativas de transporte de España desaparecerían y “unas 20.000 personas se quedarían sin empleo”.
Entre los aspectos positivos reconocidos por las principales asociaciones está la adopción de la acción directa por parte del transportista para reclamar directamente al cargador de la mercancía en caso de impago por parte del intermediario que le haya contratado. Sin embargo, esta medida finalmente ha quedado diluida en el proyecto al puntualizarse que la acción directa “sólo podrá llevarse a cabo siempre que el cargador no haya pagado previamente al intermediario”.
Con esta matización, las asociaciones de transportistas entienden que se limita la “acción directa” existente en otros países europeos, que permite al transportista reclamar al propietario de la mercancía ante la falta de pago del intermediario, “haya o no cobrado por parte del cargador o de otro intermediario”.
Otras reivindicaciones de las asociaciones del CNTC pasan porque el proyecto de LOTT incluya la reducción del 50% del importe de las sanciones por pronto pago; la introducción de la responsabilidad objetiva de los conductores; la exigencia de capacitación profesional y la obligatoriedad de visado de la autorización de transporte para los vehículos de 2 a 3’5 toneladas, y la limitación del plazo máximo de pago a 30 días en los servicios de transporte.