El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Fenadismer en relación con la eliminación de las bonificaciones para camiones en los peajes de la AP-2 y la AP-7.

Según la organización empresarial, la actuación de este organismo contempla una posible vulneración de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Española y, en consecuiencia, ha iniciado actuaciones “con la Secretaría General de Infraestructuras y con Abertis”.

De igual manera, Fenadismer tiene previsto «exigir al Ministerio de Transportes que, en el caso de que la concesionaria no revierta con carácter inmediato la decisión de suprimir con carácter retroactivo las bonificaciones a los camiones que circulan por dichas autopistas, proceda a tramitar un expediente sancionador contra la empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales».

La patronal estima que en este caso la concesionaria ha cobrado cantidades superiores a las legalmente autorizadas por la vigente legislación española sobre explotación de autopistas en régimen de concesión.

Así mismo, la patronal vuelve a insistir en que «la eliminación de las bonificaciones, además de ilegal, supone ante todo una desconsideración absoluta hacia un colectivo tan castigado especialmente estos días, como es de los transportistas, pese a la labor tan esencial que vienen desarrollando».