El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado a la Secretaría General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de la inspección realizada sin descontar el período de prórroga.

Durante el estado de alarma, tras el cierre de las estaciones ITV, la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados y posteriormente se determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga.

La Institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones, ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguidas en un corto período de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios.

Fernández Marugán recuerda que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observa en la respuesta de la Administración razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las inspecciones.

Por este motivo, aunque el Defensor del Pueblo comprende que las medidas legales intentan asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, también estima ese objetivo puede alcanzarse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares.