El crecimiento exponencial del comercio electrónico está generando situaciones completamente nuevas a las que las diferentes administraciones nacionales y europeas van adaptándose con el tiempo. Uno de los cambios de mayor relevancia y que más polémica ha suscitado es el de la fiscalidad, pues en España, Hacienda ya ha advertido de que en 2019 pondrá el foco sobre las ventas por Internet.
De este modo, se ejercerá un mayor control sobre los nuevos medios de pago y las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico, además de intentar establecer las mismas obligaciones para todos los intermediarios.
Todos los e-commerce deben abonar el impuesto de sociedades, que grava los beneficios que tienen en el país, pero muchos de ellos tienen localizada la mayor parte en lugares donde la tributación es más baja, declarando que en otros, como España, solamente realizan actividades accesorias.
Además, los expertos denuncian que lo que se tiene en cuenta no son los ingresos, sino los beneficios, que se mantienen bajos gracias a las fuertes inversiones, tal y como explican en el diario El Mundo.
La tasa 'Google'
Por este motivo, el Gobierno ha hecho lo posible por empezar a aplicar la 'tasa Google', que obligaría a las empresas que ofrecen servicios de publicidad o intermediación on-line, o de venta de datos, a pagar un impuesto del 3% sobre su facturación total, siempre que facturen más de 750 millones de euros anuales a nivel global y más de tres millones en España.
De este modo, empresas como El Corte Inglés, que vende sus propios productos, no se verían afectadas, pero sí lo harían las plataformas como Amazon. No obstante, la medida ha encontrado una fuerte oposición y ha desaparecido del panorama político, al menos de momento, con el rechazo a los Presupuestos Generales.
En cuanto al pago del IVA, el que debe efectuar el pago es el propio comercio, no la plataforma a través de la que gestiona sus ventas, que no se hace responsable de si se paga o no. Normalmente se aplica el impuesto del país del vendedor, pero si es una transacción entre empresas, el que rige es el del del comprador.
Sin embargo, a partir del año 2021, los 'marketplaces' serán responsables de recaudar este impuesto y abonarlo posteriormente en el país que corresponda.