El fiscal anticorrupción de Alicante deberá aclarar si hubo prevaricación en la concesión de licencias ambientales

La investigación comienza después de que la asociación de vecinos de Gran Vía-Sur denunciasen que tres empresas realizaban actividades de carga y descarga de graneles sin licencia ambiental previa.

18/01/2016 a las 0:51 h

Actividad con graneles sólidos en el puerto de Alicante Actividad con graneles sólidos en el puerto de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha iniciado la investigación contra la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento. La orden se ha dado tras la denuncia interpuesta por la asociación de vecinos de Gran Vía-Sur contra el Ayuntamiento y el puerto por un presunto delito de prevaricación por omisión, al haber permitido supuestamente que tres empresas realizasen actividades de carga y descarga de graneles sin licencia ambiental previa.

En concreto, se trata de las compañías Alicante Port, Cesa Alicante y Bergé Marítima, que supuestamente han realizado su actividad sin licencia durante los últimos 20 años.

El fiscal alude a varios informes en los que se amparan los vecinos para presentar la denucia y a dos documentos contradictorios emitidos por la Consejería de Medioambiente: uno, de 2009, en el que indicaba al Ayuntamiento las medidas a cumplir, y otro de 2010 en el que dejaba al puerto el establecimiento de las mismas.

Por este motivo, el fiscal ha reclamado que se remita toda documentación sobre la carga y descarga del puerto a la policía y que se dé cuenta de todas las actividades desarrolladas en el espacio portuario. Además, también se exige al Ayuntamiento que certifique si estas tres empresas cuentan ahora o con anterioridad con la licencia ambiental municipal, un documento que los vecinos califican de imprescindible.

Desde el puerto han declarado que su actividad cumple con la legislación, mientras que el actual gobierno tripartito arguye que la anterior administración del PP no consideró necesaria esta documentación, al haber archivado en 2010 los expedientes de estas tres empresas solicitándola.

No obstante, el gobierno alicantino ha remitido un escrito al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, en el que se exige la obtención de la licencia medioambiental para la actividad de granelesen el puerto, de acuerdo a la ley autonómica de prevención, calidad y control ambiental de actividades. Por su parte, el puerto ha pedido un informe para esclarecer quién debe solicitar la licencia.

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