El ‘Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria’, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de julio, podrá generar hasta 1.000 millones de euros los próximos diez años para fomentar la conectividad terrestre y ferroviaria de los puertos españoles.

Esta es la previsión que maneja el Gobierno y, más concretamente, el ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor tras consensuar la creación de este Fondo con la Generalitat de Cataluña, entidad que junto al puerto de Barcelona fueron las que más cuestionaron y criticaron la medida al considerar que era abusivo que los puertos se vieran obligados a destinaran el 50% de sus beneficios a este nuevo Fondo.

A la espera de que Puertos del Estado desarrolle el reglamento que regule el funcionamiento de este Fondo, el Gobierno insiste en que las aportaciones de los puertos no serán voluntarias, como se señaló desde la Generalitat de Cataluña el mismo día que se aprobaba la medida por el Consejo de Ministros, y, en cualquier caso, tendrán naturaleza de préstamos para los puertos que lo soliciten para acometer su conectividad.

Polémicas aparte, desde el Ejecutivo se pone en valor la importancia que tendrá este Fondo para desarrollar la “necesaria” conectividad terrestre y ferroviaria de los puertos españoles y favorecer su competitividad. En conjunto, Fomento estima la inversión global para este objetivo en 1.600 millones de euros.

No debe olvidarse que los nuevos accesos ferroviarios a los puertos son una ingente inversión que no puede asumir el Adif, dado su fuerte endeudamiento actual, ni Fomento por las restricciones presupuestarias del Gobierno.

Una situación muy distinta a la que presenta Puertos del Estado y el conjunto de Autoridades Portuarias que manejan un fondo de maniobra de 1.200 millones de euros, colocado en el sistema bancario y generando un beneficio en torno al 1% de interés.

Y dado que la filosofía expresada habitualmente por Puertos del Estado es que los puertos no están para “acumular o amasar” dinero, las aportaciones económicas de los puertos a este Fondo ayudarán a generar e incentivar la conectividad portuaria, con la colaboración de la iniciativa privada y los fondos europeos.

Ampliación de los plazos concesionales 

En efecto, la importancia de este Fondo está estrechamente relacionada con las aportaciones que se realizarán no sólo por los puertos sino también por la iniciativa privada.

Por ello, su creación está ligada a la ampliación de los plazos concesionales de las terminales portuarias, medida largamente anunciada y que finalmente también se aprobó el pasado 4 de julio.

Según el Real Decreto-Ley, el plazo que inicialmente se conceda a las nuevas concesiones no podrá exceder de 50 años y siempre teniendo en cuenta criterios como el volumen de inversión que realice el concesionario, la adecuación a la planificación y gestión portuarias, y el incremento de actividad que genere en el puerto, entre otros.

Igualmente, el plazo de las actuales concesiones también se podrá ampliar de los 35 años actuales hasta los 50 años a petición del concesionario y previo informe favorable de Puertos del Estado.

Acceso ferroviario al puerto de Algeciras

Fomento persigue la meta de que los puertos y sus concesionarios asuman que el lado tierra es un ámbito para aumentar su competitividad.

Esta ampliación se hará en función de lo que establece la actual Ley de Puertos y, por ello, será necesario “monetizar” el valor de la misma en base a tres criterios concretos: a qué inversiones se compromete el concesionario; en cuánto contribuye a la financiación de las infraestructuras de conexión terrestres, o a la reducción de al menos un 20% de las tarifas máximas incluidas en el título concesional.

Seis meses de plazo para solicitar la ampliación

El concesionario actual tiene un plazo máximo de 6 meses, que concluye el próximo 5 de enero, para solicitar y comunicar a su respectiva Autoridad Portuaria la fórmula elegida para ampliar su plazo concesional y definir la “monetización” que genera el valor de la ampliación en base a un tasador independiente que elijan.

En cualquier caso, no tendrá que desembolsar en este momento la aportación económica que implique la ampliación concesional que solicita hasta que la Autoridad Portuaria no se pronuncie a favor o en contra de la misma.

Además, el Real Decreto aprobado por el Gobierno también incluye un nuevo supuesto de prórroga “extraordinaria”, que podría llegar hasta los 75 años máximos de concesión, si se contribuye a la financiación de accesos terrestres a los puertos o a la mejora de las redes generales de transporte de mercancías. Es decir, contribuyendo directamente al Fondo de Accesibilidad Terrestre Portuaria.

Con estas dos medidas, Fomento persigue la meta clara de que los puertos y sus concesionarios asuman que el lado tierra, y no solo el lado mar, es un ámbito de su competitividad. En definitiva, que basculen sus inversiones en lugar de en nuevos atraques, grúas o dársenas, hacia el desarrollo viario y ferroviario del puerto.

A partir de ahora, por ejemplo, cabría la posibilidad de que un concesionario negociara con Adif  la financiación de una serie apartaderos en aquellos tramos de la red general ferroviaria que más le interesada en función de sus necesidades de conectividad.

Similitud con el resto de Europa

Desde el Gobierno se destaca que con esta media de ampliación de los plazos concesionales, los puertos españoles se asemejan a las condiciones que se dan la Unión Europea. De hecho, hay países donde ni tan siquiera existen plazos concesionales definidos y en otros son más amplios, de hasta 60 años o más.

Asimismo, Fomento entiende que las inversiones en grandes infraestructuras portuarias o de accesibilidad a los puertos por parte de los terminalistas implican necesariamente plazos concesionales más amplios que los actuales para su amortización.

El departamento que dirige Ana Pastor también destaca que su proyecto cumple con la Ley de Patrimonio del Estado que establece que las concesiones tendrán una duración máxima de 75 años.