La Asamblea General de Fenadismer ha analizado la situación que atraviesan las empresas de transporte españolas que se enfrentan el fuerte incremento de los costes de explotación, especialmente del precio del gasóleo.
Desde el punto de vista de la federación esta es una “gravisima situación” afectada también por la disminución de los precios que perciben los transportistas por sus servicios, la dilación de los pagos por parte de las empresas cargadoras e intermediarias, así como la importante reducción de la actividad.
A ello, también contribuye la creciente competencia desleal por parte de empresas situadas en terceros países, lo que según afirma Fenadismer va a provocar a corto plazo la “destrucción del actual tejido empresarial del transporte español”.
Para evitar esta situación, pide que se adopten de forma urgente medidas de protección que permitan a las empresas transportistas españolas afrontar la actual crisis económica.
Plan de Inspección
En este sentido, la Asamblea de Fenadismer ha acordado poner en marcha un Plan de inspección en colaboración con la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo para perseguir la “rumanización” de las empresas de transporte españolas.
Se trata de actuar contra los grandes empresarios de transporte españoles que están procediendo a desmantelar sus empresas radicadas en España, con el consiguiente despido laboral de sus conductores asalariados, y aprovechándose de la regulación del mercado único de transportes.
En el seno de la Unión Europea, estos empresarios proceden a crear una empresa de transporte en un país del Este de Europa principalmente (Rumanía o Bulgaria) para continuar realizando los mismos tráficos en España que venía prestando con anterioridad. De este modo, se aprovechan de los menores costes fiscales y laborales que presentan, procediendo a contratar conductores profesionales de dichos países a los que se les impone condiciones de trabajo más desfavorables de las previstas en la legislación española.
En base al Plan de inspección, se va a controlar si las citadas empresas extranjeras están aplicando correctamente la vigente legislación española relativa al desplazamiento de trabajadores por parte de empresas situadas en terceros países, las cuales están obligadas a garantizar a dichos trabajadores, sea cual sea la legislación aplicable a sus contratos de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española relativas a tiempo de trabajo, cuantía del salario y prevención de riesgos laborales, entre otras.
En la Asamblea también se ha acordado iniciar una campaña de denuncias contra los centros y áreas de almacenaje y distribución de mercancias por los abusos que están padeciendo los transportistas que son obligados a efectuar las tareas de carga y descarga de las mercancías que transportan.
LOTT insuficiente
Por último, Fenadismer ha valorado negativamente el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres al considerarlo "insuficiente" por no haberse establecido medidas de protección reales que permitan a las empresas transportistas españolas poder garantizar respecto de los precios de sus servicios el cuánto, el cuándo y el cómo, esto es, medidas eficaces para reforzar su capacidad de negociación ante sus clientes, de modo similar a como ya se encuentra regulado en los países de nuestro entorno, principalmente Italia y Francia.
Por ello, si durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley no se introducen dichas medidas efectivas, Fenadismer advierte de que ocasionará una profunda frustración al colectivo de transportistas, lo que provocará una reacción de rechazo a la misma.