El Gobierno dará autorizaciones "especiales y temporales" para que los megatrucks puedan circular por determinadas carreteras españolas, aunque de momento descarta la posibilidad de aumentar la tara máxima autorizada para el transporte de mercancías hasta las 44 toneladas, como reclaman algunos sectores productivos.
Así lo ha explicado este martes 11 de noviembre el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, al portavoz de Fomento de CiU en el Congreso, Pere Macias, quien le ha preguntado sobre este tema durante una sesión de la comisión parlamentaria del ramo.
Según el responsable de Fomento, en la revisión de la normativa reguladora sobre los límites de pesos y dimensiones en el transporte de mercancías por carretera que el Ministerio está afrontando para "incrementar la eficiencia y la competitividad de la industria española" se están barajando "medidas equilibradas y que sean fruto del mayor consenso posible".
Medidas a corto plazo
A corto plazo se incrementará de 4 a 4,5 metros la altura máxima permitida, algo ahora sólo autorizado para "algunas excepciones", lo que supondrá extender esta posibilidad a todos los transportistas con vehículos cuya altura sea adaptable "de manera que no suponga inversiones adicionales para el sector".
Según ha destacado Gómez-Pomar, esto "puede repercutir muy favorablemente en la competitividad" de determinados sectores cuyos productos ocupan mucho volumen pero no tienen un peso particularmente destacado, como es el textil o el automóvil.
Pero, además, también se permitirá que los megatrucks de hasta 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de masa máxima autorizada puedan circular por "determinadas rutas con infraestructuras que permitan" el paso de estos vehículos y "siempre que se cumplan determinados requisitos".
Para ello, "el órgano competente en materia de tráfico" en cada caso expedirá "autorizaciones especiales y temporales". Según el secretario de Estado, permitir vehículos con mayor longitud y peso "implicará un importante incremento de la capacidad de carga" y, a su vez, una "reducción de los costes logísticos".
"Con este esquema de medidas razonables y equilibradas se favorece la competitividad tanto de las empresas demandantes de transporte como de los transportistas, potenciando el ahorro energético, la disminución de las emisiones, unos menores costes del transporte, y todo con mayores estándares de seguridad vial", ha añadido.
No hay consenso
Con respecto a la petición de aumentar la tara máxima autorizada a 44 toneladas con carácter general, algo que demanda parte de la industria española, Gómez- Pomar ha señalado que se trata de "una opción a valorar en un momento posterior, ya que no existe todavía el consenso mínimo necesario entre los sectores afectados".
De hecho, el Ministerio cree que implantar este cambio en el corto plazo podría "generar importantes alteraciones en el mercado", ya que se incrementaría la oferta de transporte por carretera y se "debilitaría" la posición de los profesionales de este ámbito, al "desajustarse la oferta con respecto a la demanda existente". "Por eso no contemplamos en este momento la implantación de esta medida", ha añadido.
Así, se está trabajando en un escenario a medio y largo plazo en el que se "consiga el consenso mínimo necesario" y se den las "condiciones propicias de mercado" para modificar la tara máxima. Y siempre con plazos transitorios que permitieran al sector adaptarse a las nuevas condiciones.
Debe ser una prioridad
Sin embargo, para Pere Macias este incremento de las toneladas autorizadas debe ser una "prioridad" para el Gobierno, ya que afecta de forma "importante" a la competitividad de determinadas industrias.
De hecho, la prueba piloto que se ha realizado en Cataluña durante los últimos dos años "ha demostrado que, esta medida, produciría beneficios en la seguridad vial y en el medio ambiente, y que reduciría de forma muy importante el número de vehículos en la carretera y el consumo de combustible, y todo sin inversiones adicionales".
Con respecto a la falta de consenso, el nacionalista catalán señala que el rechazo de los transportistas a esta posibilidad nace de una "insatisfacción" sobre otras decisiones, como la relativa a la devolución del 'céntimo sanitario' o el cambio en el sistema de concesión de autorizaciones.
Por eso, si el Gobierno se "tomara muy en serio" este asunto, se podría llegar a un acuerdo, cree CiU, que beneficiaría tanto a los transportistas como a "muchas grandes empresas españolas que están muy castigadas por el precio de la energía y que podrían abandonar el país" de no tomarse medidas. "El tema es de suma gravedad, porque en ese caso también se vería afectado el sector del transporte", ha recordado.
Además, aunque Macias duda de que este cambio fuera a tener realmente un impacto tan negativo en el mercado, ha propuesto al Gobierno que al menos estudie la posibilidad de "acotar" la medida y autorizar una masa máxima de 44 toneladas a determinados sectores,"salvaguardando así miles de puestos de trabajo".