La finalidad de esta elevación en el techo de gasto es la de atender las necesidades previstas por la Dirección General de Carreteras para actuaciones de conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio vial.
De esta manera, esta medida permitirá la tramitación de expedientes para asegurar actuaciones de la red de carreteras como la licitación de nuevos contratos de servicios para la realización de diversas operaciones de conservación y explotación de carreteras, así como la tramitación de prórrogas de contratos vigentes.
También permitirá la licitación de contratos de obra para rehabilitación de pavimentos, o contratos de servicios para inspecciones de túneles, control y vigilancia de obras, así como la actualización de las anualidades de los contratos de concesión de autovías de primera generación en función de la inflación prevista en el periodo de los contratos.
Con cargo al programa presupuestario de conservación y explotación se atienden, en la red de carreteras del Estado no concesionada como autopista de peaje, entre otras, labores como la de mantenimiento de la vialidad en condiciones adecuadas, entre las que se incluyen las labores de vialidad invernal, control de túneles, comunicaciones y las actuaciones de emergencia, por ejemplo ante accidentes de tráfico.
Además, figura las labores de conservación ordinaria, destinada a asegurar el servicio de la carretera en las condiciones de diseño mediante acciones, generalmente programadas, que hay que desarrollar de manera rutinaria o con cierta regularidad, como puede ser la siega y poda de la vegetación que crece en las márgenes de la carretera o la limpieza de obras de drenaje.
Así, como las de conservación extraordinaria, que incluye las tareas cuya misión es recuperar las características que se ven deterioradas con el paso del tiempo, mediante acciones como la rehabilitación de pavimentos y estructuras, la reposición de elementos dañados u obsoletos.
Igualmente, se atienden la gestión del uso y defensa de las carreteras, para controlar y gestionar la zona de dominio público y sus servidumbres, así como las actuaciones de mejora de la infraestructura existente, incluyendo las relacionadas con la seguridad vial.