El informe elaborado sobre la reforma del sistema fiscal, apunta a que el Gobierno "debería considerar" la articulación de un impuesto por circular por la red de autovías. Una tasa que, según sus datos, podría generar una recaudación de hasta 4.900 millones de euros anuales.
Los expertos avisan de que, en caso de que se implante esta "tasa por el uso de las infraestructuras de transporte", sería preciso evitar "superposiciones" con el nuevo Impuesto sobre el Uso de Vehículos de Tracción Mecánica en el que sugieren fusionar los actuales impuestos de matriculación y circulación.
El comité de expertos recuerda que el marco normativo de las tasas por el uso de infraestructuras públicas de transporte está ya regulado por una directiva europea. En concreto, estas normas europeas no obligan a establecer las tasas, pero dice cómo configurarlas en el caso de que los Estados miembros optasen por exigirlas.
Dos modelos
En la actualidad, existen dos modelos de implantación, cada uno de ellos elegido por distintos países europeos. Así, el primero, el que ya tienen Austria y Suiza, consiste en exigir "una tasa por el derecho a utilizar las infraestructuras durante un tiempo determinado".
Si bien es una tasa "más sencilla de implantar", sus "inconvenientes se encuentran en que no puede modularse el gravamen en función del uso real de las infraestructuras y que exige un control manual de los vehículos, con los inconvenientes que esto supone para la fluidez del tráfico".
Con este sistema, el informe calcula que se generaría una recaudación de unos 1.500 millones de euros. De ellos, 400 millones provendrían de vehículos pesados y otros 1.100 millones de los ligeros.
El segundo modelo consiste en cobrar un peaje por trayecto recorrido y está ya implantado en Alemania, Francia, Austria, Portugal, República Checa y Suiza. Este sistema exige la construcción de determinadas infraestructuras, como pórticos de control a cada tramo de la vía y dispositivos electrónicos en los automóviles, que, si bien puede tener un coste "relativamente elevado", se podría recuperar con la recaudación.
En este caso, se generaría unos 4.900 millones de euros al año, unos 1.900 millones proveniente de los camiones y 3.000 millones más por vehículos ligeros.
Riesgo de desviar tráfico a vías alternativas
De esta forma, la tasa podría incluir una parte de recuperación del coste de la infraestructura y otra relacionada con los costes derivados de la contaminación atmosférica y la contaminación acústica provocada por el tráfico.
El comité de expertos apunta no obstante que ambos modelos "podrían presentar como inconveniente el fomentar el uso de vías alternativas, en las que se produce un mayor número de accidentes, como ha sucedido en Portugal".
Además, avisa que el estudio del establecimiento de esta tasa por uso de las infraestructuras públicas de transporte debe realizarse evitando su superposición con el nuevo Impuesto Ambiental sobre el Uso de Vehículos de Tracción Mecánica que proponen en su informe y al incremento de la tributación sobre el gasóleo.
"No supondrá poner dinero de los ciudadanos"
Por su parte, el pasado 14 de marzo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, insistió en que el Gobierno español trabaja para "buscar soluciones" que eviten la quiebra de las empresas concesionarias de la decena de autopistas de peaje en concurso, pero ha dejado claro que"no supondrán poner dinero de los ciudadanos".
"Estamos intentando buscar soluciones", explicó la ministra tras la reunión del Consejo de Ministros de Transportes de la UE en Bruselas, al ser preguntada si el rescate de las autopistas está cerca.
Pastor dejó claro que el Ejecutivo trabaja "con una única premisa" como es "que el dinero de los ciudadanos no se va a poner para resolver un problema como este", al menos mientras ella "tenga esta responsabilidad" como titular de Fomento.
"Por lo tanto, que estén tranquilos los ciudadanos, que se buscarán soluciones, pero ninguna que tenga que ver con que el Estado asuma más responsabilidades de las que tiene", declaró Pastor. "Las que tiene las tiene que asumir, pero no más", precisó.
Pastor ha dejado claro que se trata de uno de los "problemas bastante gordos" que heredó al asumir el cargo y que ha achacado a las previsiones de que "iba a haber mucho tráfico, que no lo ha habido" y en el aumento de los costes de expropiación de los terrenos de las concesionarias "tres, cuatro y cinco o 200 veces" su valor.