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España maniobra en Bruselas para mantener el status quo en el transporte, según CC.OO.

Para Comisiones Obreras, los conductores profesionales son trabajadores desplazados y, por este motivo, acusa al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de alinearse con los países del este de Europa «deseosos de eliminar normas sociales, rebajar derechos y pagar salarios escasos«.

La postura española que supone excluir al transporte por carretera del ámbito de aplicación de la Directiva de Trabajadores Desplazados implica, para el sindicato, que «el Gobierno español defiende más a las patronales que a los profesionales del transporte» y lamenta que, según su opinión, se haya perdido una oportunidad para luchar, de la mano de países como Alemania, Francia o Italia, contra el dumping social en el transporte por carretera con medidas reales.

La central sindical acusa al Gobierno de pretender «frenar cualquier tipo de avance social en el sector del transporte», así como de maniobrar en Bruselas para lograr una minoría de bloqueo con la que mantener el status quo actual del transporte carretera.

A juicio del sindicato, en el sector del transporte por carretera europeo se utiliza la excusa de la competitividad para no perseguir el abuso ni el fraude que supone la deslocalización empresarial, con la que, afirman, se buscan «conductores extranjeros con salarios más bajos, peores condiciones, ahorrando en seguridad social, obligándolos a vivir largos períodos en el vehículo, con desarraigo familiar, y presionándolos para priorizar la conducción y entrega de mercancía sobre el cumplimiento de las normas laborales y de tráfico«.

Sin embargo, Comisiones Obreras reconoce que el transporte requiere de una normativa específica que fije unas condiciones mínimas tanto desde el punto de vista social como desde el laboral, aunque, al tiempo, afirma que dejar a los conductores profesionales fuera del ámbito de aplicación de la Directiva de Trabajadores Desplazados «supone estar a favor del fraude».