El Consejo de Ministros de esta semana ha aprobado las obligaciones que se imponen a Correos, en su condición de prestador del servicio postal universal, para todos los procesos electorales que se convoquen durante este 2023, año en que se prevé la celebración de elecciones municipales, autonómicas y generales.
En este sentido, el acuerdo contempla las obligaciones del operador postal para facilitar y asegurar el voto por correo de los electores residentes en España y en el extranjero, así como del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
Además, el acuerdo regula las condiciones para los envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral y los dirigidos a las personas designadas como miembros de mesa, la recogida de la documentación electoral en la mesa y los envíos de propaganda electoral.
Todas estas obligaciones deberán llevarse a cabo, con carácter general, entre el día en que se publique la convocatoria de las elecciones y los cien días siguientes a la votación, de tal modo que la gestión y distribución de los envíos electorales tendrá carácter preferente respecto al resto de los envíos postales.
El acuerdo aprobado este martes es idéntico al de años anteriores salvo en lo referido al importe de las tarifas que, a instancias de Correos, van a tener una subida de un 4,28% para las elecciones locales y de un 4,45% para las elecciones generales.
Este incremento en el gasto, cifrado por el Gobierno en algo más de 5,3 millones de euros, será asumido por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.
