Liberalizacion ferroviaria

El tráfico de carga por ferrocarril se liberalizó en 2005, pero no ha logrado una cuota de mercado significativa frente a Renfe.

Anteproyecto de la Ley del Sector Ferroviarioque se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, en inglés, de 14 páginas, 745 Kb).

El Consejo de Ministros de este pasado viernes 13 de marzo ha aprobado el anteproyecto de Ley Ferroviaria, un texto que flexibiliza el canon ferroviario, el peaje que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin de fomentar la entrada en el sector de empresas privadas que compitan con Renfe.

La nueva ley suprime el denominado canon de acceso, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, «con lo que se elimina una importante barrera de entrada al sector», según ha subrayado la ministra de Fomento, Ana Pastor, tras el Consejo de Ministros.

Asimismo, el texto legal modifica el resto de cánones de Adif, «muy complejos y que no incentivan la actividad». Además, introduce un régimen de bonificaciones en estos peajes «para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno», según ha detallado la ministra.

De esta forma, Fomento persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, tanto los de transporte de mercancías como los de viajeros. El tráfico de carga en tren se liberalizó en 2005, pero no ha logrado una destacada cuota de mercado frente a Renfe, mientras que el transporte de viajeros en tren está previsto que se abra a la competencia en la segunda mitad de este año.

La titular de Fomento asegura que esta mayor oferta ferroviaria «se traducirá en una mejora de la calidad y accesibilidad» del servicio, y optimizará el uso de las «excelentes» infraestructuras del país, segundo del mundo con la mayor red de AVE, y en las que se ha invertido un total de 22.400 millones de euros entre 2012 y 2015.

Un total de 27 empresas privadas, además de la pública Renfe, cuentan actualmente con licencia de empresa ferroviaria. Nueve de ellas tienen licencia para operar tráficos de mercancías y viajeros, otras cinco sólo para trenes de pasajeros y las trece restantes, sólo para transporte de carga.

Entre estas empresas figuran grandes constructoras, como ACS, Acciona, Ferrovial, Comsa y OHL, compañías de transporte en autobús, Alsa, Interbús, Avanza y La Sepulvedana, y el grupo Plantea, Veloil Rail.

Nueva tabla de cánones

En concreto, en virtud de la nueva ley, Renfe y estas empresas privadas que quieran prestar servicio de transporte de carga o viajeros en tren tendrán que abonar a Adif, empresa pública titular y gestora de las infraestructuras ferroviarias, tres cánones por usar las vías y otros cinco por utilizar otros servicios. 

Los cánones por uso de las vías son el canon por adjudicación de capacidad, por el ‘slot’, el tramo de vía y el horario por el que Adif le autorice a prestar servicio; el canon por utilización de la vía; y el canon por utilización de instalaciones de energía, por suministro de energía eléctrica para la tracción de los trenes.

Las empresas podrán beneficiarse de las bonificaciones anunciadas por Pastor en función de la actividad que realicen en los dos primeros de estos cánones.

En cuanto a los cánones o peajes a pagar por el resto de servicios, incluyen el canon por uso de estaciones de viajeros, el canon por cambio de ancho de vía, como instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional, el canon por utilización de vías con andén, el canon por utilizar vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.

Según la nueva Ley, Adif deberá plasmar una «previsión orientativa» el importe de sus cánones para un periodo de cinco años, siguiendo así un sistema similar al de los aeropuertos y la aviación.

Entre el resto de novedades que la Ley introduce para fomentar la competencia figura la obligación de los operadores ferroviarios de aportar información contable al Ministerio, que deberá diferenciar la actividad de mercancías y de viajeros, la liberalización de servicios en terminales ferroviarias de mercancías y el impulso del papel de los puertos.

La nueva Agencia de Seguridad para el 1 de abril

Además, la futura Ley Ferroviaria «reforzará» los mecanismos de seguridad con la puesta en marcha el próximo 1 de abril de la nueva Agencia de Seguridad Ferroviaria y con las sanciones por actuaciones que «vulneren los derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad».

Con la nueva Ley Ferroviaria, además de fomentar la liberalización del transporte en tren, una de las medidas del programa de reformas del Gobierno, Fomento también pretende aglutinar y actualizar toda la actual normativa ferroviaria, transponiendo normativa europea sobre la materia.

De esta forma, se busca «establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollando un modelo ferroviario de máxima calidad», ha concluido Pastor.