Según la información publicada en el diario francés “Le Monde”, el gobierno francés no se plantea la retirada del impuesto medioambiental. Se ha preferido dar tiempo con el fin de apaciguar los ánimos y una vez se hayan celebrado las elecciones, volver a plantear la entrada en vigor de la medida para el 1 de julio 2014.
"Este impuesto ha sido rehén de una crisis que le ha sobrepasado" se lamentan desde el Ministerio de Transporte francés. Después de varios aplazamientos, debidos a las dificultades técnicas en la puesta en marcha tanto la infraestructura como del sistema de pago, así como las negociaciones con los transportistas o con algunas regiones que se han mostrado claramente en contra de la nueva “tasa ecológica” como Bretaña y Alsacia, el impuesto ambiental a los vehículos pesadosdebería comenzarse a aplicar “en las próximas semanas”.
Pero han sido los "bonnets rouges", como se les conoce a los activistas bretones, los que han mostrado una oposición enconada en contra del impuesto, y que han mantenido una oposición más contundente contra la medida fiscalizadora.
El movimiento, que se ha dado a conocer ampliamente ante la opinión pública por su planteamiento radical en contra de la nueva tasa, que se ha mostrado en acciones contra los pórticos instalados para al control de los camiones a su paso por la autopistas francesas objeto del impuesto, sencillamente lo que reclaman es la retirada pura y simple de la tasa.
Así este pasado fin de semana, un grupo de manifestantes ha vuelto a protagonizar enfrentamientos con la policía en el noroeste de Francia, tras intentar destruir un pórtico destinado a recaudar el polémico impuesto.
A pesar de la suspensión de la tasa, el descontento no ha abandonado una región que en los últimos años está siendo bastante castigada por la crisis económica.
Coste de 800 millones en caso de abandono de la ecotasa
Mientras tanto, el gobierno no ha dejado de prometer "tarifas planas" y otras medidas que hacen pensar que tal retirada no se ha llegado a considerar en ningún momento. La razón, en última instancia, es el alto coste que tendría para el Estado una medida de similares características, debido a los compromisos contractuales adquiridos con el consorcio Ecomouv, constituído para la recaudación del impuesto. Se trata en definitiva de un dinero que el Estado estaría obligado a abonar en caso de desistir en la implantación del nuevo impuesto.
Este consorcio que reúne junto con el principal accionista, la italiana Autostrade , a las empresas francesas Thales, SNCF, SFR y Steria. Constituído para la ocasión, ha realizado grandes inversiones de 610 millones, que corresponden a la construcción e instalación de 163 pórticos y 200 terminales de control, además de los sistemas informáticos y de comunicación necesarios para la recaudación de la ecotasa.
A este respecto, en la sociedad francesa han surgido voces en contra del hecho que no sea el propio Estado francés el responsable de la recaudación de la ecotasa y que sea una empresa público-privada, como es Ecomouv, la responsable de gestionar el cobro.
El impuesto irá destinado a la Agencia de Financiación de las Infraestructuras en Francia, un fondo destinado a financiar los medios de transporte menos contaminantes. Según las previsiones, la ecotasa debería reportar al estado 1.150 millones de euros en 2014. De éstos, habría que descontar los cerca de 800 millones de euros que se deberían abonar para compensar por el retraso en la aplicación de la ecotasa, una suma que el gobierno deberá abonar en el caso de que finalmente no se aplicara la tasa.
El gobierno está considerando la posibilidad de nuevas concesiones a los agricultores y propietarios bretones, que ya habían obtenido en 2011 de François Fillon un descuento del 40% en el monto del impuesto a recaudar en la región. Sin embargo continúan con su protesta, con el fin de obtener nuevas ayudas por un total de 1.000 millones de euros.
En el momento actual, con una clara posición de debilidad del gobierno francés ante la opinión pública y con una consulta electoral a la vista, se ha encargado un nuevo informe, en el que se hace hincapié en el significado original de la contribución del medio ambiente como parte de la idea de fiscalidad ambiental, que persigue un cambio de comportamiento y encontrar financiación para el desarrollo de un transporte menos contaminante.
De momento lo único cierto es que el próximo 1 de enero la ecotasa no entrará en vigor, como ya se había anunciado tras los retrasos precedentes y que habrá que esperar a comprobar hasta qué punto la voluntad del Gobierno francés en la implantación de la ecotasa sea real. Una voluntad reforzada por el coste que supondría para las arcas públicas la no implantación de la medida.