El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana modificará en las próximas semanas la Orden Ministerial de accesos a la Red de Carreteras del Estado para regular la instalación de puntos de recarga eléctrica junto a las carreteras estatales y promover el despliegue de una red por parte de operadores privados.

El departamento trabaja actualmente en una Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que sentará las bases de la futura Ley de Movilidad. Esta normativa se articulará en torno a una nueva política de infraestructuras sustentada en el Pacto de Estado de la Movilidad.

Además, se definirán los criterios y metodología para el establecimiento de las obligaciones de servicio público y las subvenciones de movilidad y del transporte. El objetivo es promover una movilidad sostenible, con medidas destinadas a reducir las emisiones, mejorar la conectividad y garantizar la seguridad y la accesibilidad.

Esta estrategia, forjada sobre un diálogo inclusivo con el resto de actores, administraciones y la sociedad, se quiere someter a un proceso de participación pública. Así, se pretende que los diferentes modos de transporte, independientemente de su titularidad, funcionen como una red integrada a nivel físico, tarifario y de servicios.

En la actualidad, todas las empresas públicas dependientes del Ministerio están centradas en el cambio. Aena participa en la iniciativa Net Zero2050, y trabaja por el autoabastecimiento energético de sus instalaciones a partir de fuentes renovables, mientras Adif desarrolla el proyecto piloto Ecomilla para crear áreas de cero emisiones.

También sigue avanzando en el despliegue de puntos de carga rápida de coches eléctricos aprovechando la energía de frenado de los trenes. A su vez, Renfe está centrada en su nueva plataforma de movilidad como servicio y Puertos del Estado ha coordinado un proyecto europeo de eco-incentivos para fomentar las autopistas del mar.