Astilleros de Unión Naval Valenciana

Parece ser que el problema se encuentra en el anterior modelo de tax lease que en definitiva facilitaba un ajuste en el precio final del buque, que también existe en formatos similares en el resto de Europa, por lo que los más escépticos acusan a Holanda que les denunció en primer lugar, de querer eliminar así a la competencia, alegando supuesta vulneración del libre mercado.

Por lo tanto, lo que Competencia pide al Gobierno, para autorizar completamente el tax lease, es que dé encaje legal a las bonificaciones recibidas, que alcanzan un total de 8.700 millones de euros. 

En este sentido, el Ejecutivo se encuentra con dos problemas, por un lado, tendrá que desarrollar una fórmula fiscal para que el apoyo al sector no parezcan ayudas del Estado. Por otro lado, tendrá que solventar rápidamente el anterior modelo, ya que ningún banco participará en la operación porque hay 8.700 millones sin encaje legal.

Tras dos años muy complicados para los astilleros, debido a la prohibición de la Comunidad Europea de aplicar el tax lease, es posible, si se busca una salida rápida y eficaz para solucionar el problema de la retroactividad, que el nuevo modelo se ponga en marcha a principios del próximo año.