Cada comunidad autónoma tiene su propio servicio de notificación electrónica de sanciones.
Pese a que en términos generales, la digitalización ofrece ventajas de gran calado, un uso torticero de este proceso puede servir para multiplicar la burocracia a la que tienen que hacer frente las empresas.
En este sentido, y una vez que la Justicia española ha avalado que la tramitación de los nuevos requerimientos de inspección como de los nuevos expedientes sancionadores en materia de transporte pueda realizarse por vía exclusivamente electrónica, eliminándose en consecuencia el procedimiento de notificación por carta postal certificada que se utilizaba anteriormente, ahora las empresas de transporte tienen que estar pendientes de los diferentes servicios autonómicos de notificación electrónica, obligando a los transportistas a acceder a multitud de sedes electrónicas para poder consultar el contenido de los expedientes sancionadores.
Esta situación "gravosa para los transportistas es motivo de gran preocupación", según Fenadismer, que "considera que la actual dispersión de notificaciones en materia de inspección y sanción de transporte en las diferentes Comunidades Autónomas genera una importante indefensión e inseguridad jurídica al colectivo de transportistas”.
Ante este problema, la organización afirma que "va a continuar exigiendo que se establezca la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas competentes en materia de transporte para que utilicen una sede común de notificación electrónica de expedientes sancionadores, sin perjuicio de que adicionalmente también puedan utilizar su sistema de notificación autónoma", tal y como ya quedó reflejado en la reforma del ROTT.