Abalos propone no renovar las concesiones en las autopistas de peaje, que tendrá un coste de 1.000 milones.
El nuevo titular de Fomento, José Luis Abalos, que ya en su toma de posesión del pasado 7 de junio adelantó que el Ministerio de Fomento es “un magnífico instrumento de cohesión e integración social y, lógicamente, territorial”, no ha desaprovechado la oportunidad de remacar el enfoque que piensa imprimir al ministerio.
Al respecto de la decisión, adelantada por Cadena de Suministro, de liberalizar los peajes de las autopistas una vez finalizada su concesión, Abalos ha apuntado: “Cuando tengamos una red absolutamente igualitaria, tendremos que plantearnos esa reflexión para el conjunto de españolas y españoles, porque eso es también vertebrar y hacer igualdad entre todos y todas”.
A este respecto, durante la sesión de control en el Senado este pasado martes, en respuesta a la pregunta formulada por una diputada del grupo Mixto, Abalos ha reiterado que la voluntad del Gobierno es no renovar el peaje del tramo Burgos Armiñón de la AP-1 una vez finalice su concesión.
Sobre la viabilidad y la sostenibilidad de la red pública, y sobre las consecuencias de asumir el mantenimiento y conservación de los kilómetros actuales de las autopistas de peaje, Abalos ha reconocido que no hay nada previsto y que "se debatirá cuando finalicen las concesiones de las vías en los diferentes territorios de nuestro país".
Seopan y los sindicatos cuestionan la medida
A este respecto, desde la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, se ha advertido que eliminar los peajes de las autopistas implica trasladar los costes de mantenimiento y conservación de dichas carreteras a todos los contribuyentes por la vía de los impuestos.
En España el 18% de las vías de gran capacidad están tarificadas, frente a casi la totalidad de las europeas. "En Europa no invierten ni un euro en carreteras, las paga el usuario, porque destinan más recursos a atender la agenda social", ha asegurado el presidente de la patronal, Julián Núñez.
El coste de suprimir el peaje en los 2.550 kilómetros de toda la red española de pago se elevaría hasta los 1.000 millones de euros.
Los sindicatos han mostrado su preocupación por esta decisión, que puede suponer la desaparición de hasta 1.300 empleos directos antes de finalizar el 2021, si se contabilizan la AP‐7, a su paso por Cataluña, la AP‐2 y la C‐32, además de la autopista AP‐1 que une Burgos y Armiñón y que ocupa de forma directa a 121 trabajadores.