La firma el pasado viernes 25 del Plan de Empresa del puerto de El Musel entre la Autoridad Portuaria de Gijón y Puertos del Estado puede quedar finalmente en papel mojado si el nuevo consejo de administración del puerto que formalice la nueva consejería de Fomento del Principado, que dirige Belén Fernández, decide impugnar el acuerdo al no haber recibido el visto bueno del actual consejo, presidido todavía por Emilio Menéndez.
Ningún consejero analizó el plan de empresa
Según señala el artículo 31.2 de la Ley de Puertos “el presidente de una autoridad portuaria debe presentar al consejo de administración el plan de empresa, con los objetivos de gestión y criterios de actuación de la entidad, así como los proyectos de presupuestos, de programa de actuación, inversiones y financiación y de cuentas anuales”.
Dado que la última reunión que celebró el Consejo de Administración de El Musel fue el 29 de febrero, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulara la composición de los consejos de Gijón y Avilés, no ha sido posible que ninguno de sus miembros haya podido revisar el plan de empresa ratificado el pasado viernes, ni tampoco las cuentas del pasado año ni las previstas para el actual 2012.
El plan de empresa en cuestión, que aunque se firmó el día 25 estaba fechado el 27 de febrero, incluye la propuesta de aplicar un coeficiente corrector de 1,30 a las tarifas portuarias, a pesar de que el propio presidente ha negado que las tasas vayan a subir un 30% y, además, en ese último consejo de administración tampoco se abordó la cuestión de incremento de las tasas. De ahí que los actuales consejeros del puerto reconocen públicamente no entender cómo es posible que en el plan de empresa figure ese coeficiente corrector.
Los PGE ya recogen el incremento
El artículo 166 de la Ley de Puertos indica que es potestad de cada administración portuaria proponer ese incremento tarifario, pero hay que recordar que el referido al puerto gijonés ya fue incluido por el ministerio de Fomento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, por lo cual la Administración estatal ya asumió como propia esa propuesta incluso antes de que se firmara el plan.
También llama la atención que se hayan eliminado en su práctica totalidad las bonificaciones que se aplican a los tráficos que operan en el puerto asturiano, medida que se adoptó también cuando el consejo ya había sido anulado por la decisión judicial.
Un mes para constituirse el nuevo Consejo
A priori, el nuevo consejo de administración del puerto puede demorar su constitución cerca de un mes hasta que el nuevo gobierno asturiano lo apruebe y se publique en los boletines oficiales de Asturias y del Estado. Asimismo, es previsible que repitan todos los consejeros de los distintos sectores portuarios y sociales a expensas de lo que pase con los representantes políticos.
La incógnita que se plantea es si los nuevos consejeros tendrán margen de maniobra para tratar de revertir la situación, sobre todo en lo relativo a la subida de las tasas portuarias, ya que éstas se podrían aprobar en los Presupuestos Generales del Estado, que incluyen los coeficientes correctores de los puertos. En cualquier caso, la grave situación económica que sufre el puerto de Gijón aconseja acordar con rapidez un plan de empresa viable que garantice el funcionamiento diario de la actividad del enclave.