Se ha iniciado una nueva polémica entre algunos de los puertos españoles, después de que el pasado 6 de junio, representantes de Puertos del Estado anunciasen a los presidentes de las Autoridades Portuarias la intención de crear un Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en el que cada puerto debería aportar un 50% de sus beneficios anuales para financiar las obras de conectividad terrestre de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario español.

Sin embargo, desde algunas autoridades portuarias ya han mostrado su rechazo a esta medida, ya que la diferencia entre los cinco puertos con más beneficios, que son Barcelona, Algeciras, Baleares, Cartagena y Las Palmas,  y el resto de enclaves es tal que sólo estos cinco aportarían el 72% del nuevo fondo.

De esta forma, el presidente del puerto barcelonés ha considerado que esta medida es «muy preocupante» porque atenta contra el principio básico de la Ley de Puertos y que es la autofinanciación de los puertos de interés general, además limitar gravemente la capacidad futura de inversión del enclave.

«No sólo quedaría lastrada nuestra competitividad, sino que quedaría también afectada la competitividad de los operadores privados instalados en nuestra infraestructura, ya que con los ingresos generados por su actividad se financiarían proyectos que darían más competitividad a operadores de otros puertos que son competencia directa», ha ahondado Cambra.

Los empresarios defenderán sus intereses

En los mismos términos se ha referido el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat catalana, Santi Vila, que ha considerado un «despropósito» que se secuestre un 50% del resultado de los puertos del sistema portuario español que registren beneficios para financiar proyectos y obras de conectividad de otros enclaves, cuestionando un modelo «de éxito, que premiaba la competitividad», basado en la autonomía financiera y la capacidad de decisión.

Además, los empresarios del puerto de Barcelona han firmado un manifiesto en el que se advierte de que, en caso de que se apruebe finalmente este Fondo de Accesibilidad, defenderán sus intereses en los órganos correspondientes, «llegando si fuera necesario al Tribunal de la Competencia Europeo».

Reunión en Andalucía

Por otro lado, este pasado jueves 19 de junio, se han reunido los presidentes de las autoridades portuarias de Andalucía con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, quien ha declarado, a este respecto, que «el Ministerio ha planteado cuestiones que nos preocupan» y, aunque «aún no sabemos lo que va a ocurrir», es importante estar preparados y analizar de una forma individualizada la casuística de cada puerto.

A este respecto, el Consejo de Administración de Algeciras ya ha emitido un comunicado, con una opinión similar a la sostenida por Cambra, en el que tacha a este Fondo de Accesibilidad de «agravio» para el puerto andaluz, ya que aumentaría los «enormes» desequilibrios existentes en materia ferroviaria con relación a otros puertos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la diferencia de financiación del ramal costero del Corredor Mediterráneo, que ha recibido en los tres últimos años, un total de 3.363 millones de euros, mientras que el ramal central, que comienza en Algeciras, pasa por Madrid, y sale a Europa por Tarragona, «sólo ha recibido 65 millones de euros, de los que hasta la fecha no se ha ejecutado ni un solo millón».

Según asegura el consejo del puerto algecireño, en el caso de sus accesos ferroviarios, sólo se podrá aplicar dicho Fondo al kilómetro que separa el puerto de la estación de Algeciras, pues el resto del ramo Algeciras-Bobadilla es de tráfico mixto, es decir, tanto de pasajeros como de mercancías. Por ello, Algeciras «sería uno de los que más aportaría al Fondo y, sin embargo, uno de los que menos lo podrían utilizar, o lo que es lo mismo, Algeciras terminará financiando la mejora de los accesos a otros puertos competidores que ya tienen mejores conexiones ferroviarias».