El miércoles 11 de febrero, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a las normas revisadas de intercambio transfronterizo de datos sobre delitos de tráfico, que garantizarán que los conductores que cometan delitos en el extranjero no puedan evitar las multas.
Estas reglas, también diseñadas para garantizar la igualdad de trato a todos los conductores y para ayudar a mejorar la seguridad vial en toda la UE, se extenderán al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca dentro de dos años.
Según la eurodiputada Inés Ayala, la directiva "ya ha demostrado ser una herramienta muy eficaz contra la impunidad de la carreteras de la UE". Así, se pretende utilizar como elemento disuasorio para los conductores extranjeros, que ya "son conscientes de que cualquier infracción cometida en el extranjero puede serle notificada”.
Aprobada una nueva base legal
Los cambios aprobados por el Parlamento proporcionan una nueva base legal, dentro de la seguridad vial, para el intercambio transfronterizo de datos, tal y como requería el Tribunal de Justicia de la UE el 6 de mayo de 2014, que consideró que la antigua Directiva, al estar enmarcada como cooperación policial, era errónea.
Además, la antigua directiva no se aplicaba en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, pero tras las modificaciones sobre la base legal estos países deberán aplicar la directiva en sus legislaciones nacionales en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor.
Delitos sujetos a multas transfronterizas
Las reglas de intercambio de información de tráfico transfronterizas permitirán a los Estados miembros de la UE acceder a los datos nacionales de matriculación de los vehículos de la Unión con el fin de localizar a las personas multadas por los delitos relacionados con la seguridad, ya sea exceso de velocidad, no usar el cinturón de seguridad, no detenerse en los semáforos, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, etc.
El acuerdo necesita ahora la aprobación formal del Consejo de Ministros de la UE, mientras que las normas actualesse mantendrán hasta el día 6 de mayo 2015 para dar tiempo a que el cambio en la base jurídica surta efecto.