El Parlamento Europeo debate el proyecto de Reglamento para la paquetería transfronteriza

La normativa quiere aumentar la transparencia de los operadores y eliminar la discriminación en el acceso al e-commerce transfronterizo.

19/01/2017 a las 23:09 h

 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de paqueteria transfronterizosque se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, de 23 páginas y 250 Kb).

La próxima reunión de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, que se celebrará los días 25 y 26 de enero, tratará sobre el proyecto de Reglamento sobre los servicios de paquetería transfronterizos.

Las cifras manejadas por el Parlamento Europeo apuntan que el e-commerce transfronterizo alcanzará el 0,27% del PIB de la Unión, lo que se traduce en unos 415.000 millones de euros. Aunque el e-commerce beneficia tanto a ciudadanos como a empresas, algunos de ellos han venido denunciando que los precios elevados en los envíos de paquetes les impiden vender o comprar en otros estados miembros.

Los objetivos específicos de esta propuesta, enmarcada en el plan de la Comisión Europea para impulsar el e-commerce combatiendo el bloqueo geográfico, es hacer que los mercados funcionen de manera más eficaz, aumentando la eficacia y la coherencia de la supervisión reglamentaria de los mercados de paquetería y fomentando la competencia. 

Del mismo modo, la norma aspira a incrementar la transparencia de los precios para reducir las diferencias de precio injustificadas y reducir las tarifas abonadas por los particulares y las pequeñas empresas, especialmente en zonas remotas.

Obligaciones

Este proyecto de Reglamento complementa las normas sobre servicios transfronterizos de paquetería recogidas en la Directiva 97/67/CE, y engloba a aquellos paquetes con un peso máximo de 31,5 kg.

Desde el gabinete Gaitan Abogados, especialistas en Derecho del Transporte, han señalado las principales obligaciones que este texto recoge para administraciones nacionales y empresas de paquetería.

Los operadores que tengan más de 50 empleados, así como a aquellos que están establecidos en más de un Estado miembro, estarán obligados a suministrar información a las autoridades nacionales de reglamentación.

El texto también establece la obligación, dirigida únicamente a los proveedores del servicio universal, de presentar cada año a las autoridades nacionales la lista pública de tarifas aplicables el 1 de enero de cada ejercicio.

Por su parte, las autoridades nacionales estarán obligadas a evaluar la asequibilidad de las tarifas de los proveedores del servicio universal sobre la base de elementos objetivos. Además, el Reglamento les facilitará unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las infracciones de la legislación de la UE.

En definitiva, el texto obliga a operadores y administraciones nacionales a aumentar la transparencia y eliminar la discriminación en el acceso al e-commerce transfronterizo.

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