La guardia europea deberá rendir cuentas al Parlamento Europeo y al Consejo.
El proyecto de establecimiento de un sistema europeo de control de fronteras, que unirá a la actual agencia Frontex y a las autoridades nacionales de gestión fronteriza, ha recibido el respaldo del Parlamento Europeo. Las autoridades nacionales seguirán encargándose del control diario de las fronteras, y en caso de presión, podrán recibir ayuda de la guardia europea, que desplazará agentes a los puntos fronterizos donde sea necesario.
El texto legislativo ha sido aprobado con 483 votos favorables, 181 negativos y 18 abstenciones. La nueva guardia europea de costas y fronteras tiene como objetivo garantizar la seguridad y la mejor gestión de las fronteras exteriores, y supone el primer paso para comenzar a arreglar la crisis migratoria y restaurar la confianza en el funcionamiento de la zona Schengen.
Papel relevante
La guardia europea tendrá un papel más relevante que la actual Frontex en las operaciones de devolución de migrantes a sus países de origen, pero sólo en caso de decisiones ejecutivas adoptadas por las autoridades nacionales y una vez que se hayan reforzado las garantías sobre respeto de los derechos fundamentales.
Gracias a esta nueva medida, en caso de que un estado miembro esté expuesto a una presión creciente en su frontera exterior, por el brusco incremento de los flujos migratorios o a causa de la criminalidad transfronteriza, se podrán desplegar temporalmente equipos de intervención rápida a petición del país afectado o por decisión del Consejo.
No obstante, esta guardia europea no tendrá sus propios agentes, aunque podrá recurrir a una reserva de 1.500 guardias procedentes de los Estados miembros, de los que España deberá aportar un total de 111. En las negociaciones con el Congreso, se ha asegurado que los equipos de intervención rápida tendrán el equipamiento necesario, insertando una cláusula que obliga a facilitar el material a más tardar diez días después del acuerdo sobre el plan de actuación.
La guardia europea deberá rendir cuentas al Parlamento Europeo y al Consejo, que serán regularmente informados.