El Parlamento Europeo ha respaldado la creación de un espacio común ferroviario que incluya un organismo regulador comunitario y ahonde en la separación entre los operadores de transporte y las gestoras de infraestructuras, con el objetivo de liberalizar el sector y hacerlo más atractivo.
El informe, aprobado por el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la propuesta de la Comisión Europea para reformar el sector ferroviario, señala que el primer paquete deber ser aclarado y mejorado para garantizar una apertura real del mercado ferroviario europeo.
La CE expedientó en 2008 a 24 Estados miembros, entre ellos España, por no adaptar "correctamente" a su ordenamiento jurídico el "primer paquete ferroviario", que obligaba en marzo de 2003 a abrir a la competencia una parte de los servicios ferroviarios de los Estados miembros.
Los diputados recalcan que debe asegurarse la separación entre la prestación de servicios de transporte y la explotación de la infraestructura, tanto en la administración de ambas actividades como en sus contabilidades, de modo que los fondos públicos destinados a una de ellas no puedan ser desviados a la otra.
En este sentido, el Ejecutivo europeo planea incluir estas peticiones en el otro paquete ferroviario que está preparando para 2012 y señaló que la separación de cuentas es "contraria al principio de la transparencia financiera".
Por lo que el paquete ferroviario previsto para el año que viene se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados nacionales.
El Parlamento Europeo reclama también que se refuerce el papel de los organismos reguladores nacionales para evitar la discriminación entre empresas ferroviarias y el cumplimiento de la normativa europea dotándolos de financiación propia y asegurando su independencia.
Además, aboga por la creación de una red de reguladores europeos para reforzar la cooperación entre los Estados miembros e insta a la Comisión Europea a que presente una propuesta legislativa para la constitución de un organismo regulador a nivel comunitario.
Por otra parte, el Parlamente Europeo recalcó la importancia de no modificar el derecho a huelga de los trabajadores del sector del ferrocarril.
La propuesta de la Comisión Europea presentada este año consiste en un proyecto de directiva (ley-marco) que simplifica en un único texto las tres directivas anteriores sobre el ferrocarril que iniciaron el proceso de liberalización, iniciado en 1991.
Está previsto que el Consejo adopte su posición común a principios de 2012, tras lo que el Parlamento tendrá un plazo de cuatro meses para pronunciarse en "segunda lectura".