La propuesta de Fomento para el rescate de las autopistas en quiebra"adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a que existen algunos puntos "subsanables".
Así lo recoge el auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que ha abierto la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda tras rechazar el plan de rescate por presentar "defectos de legalidad".
Entre otros fallos, la Justicia apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
En la misma línea, también señala que realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia para ello". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursal" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.
Si finalmente se frustra el rescate de las autopistas, el Ejecutivo debería afrontar un monto de 4.500 millones de euros, ya que se activaría la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante los contratos de concesión de las ocho autopistas.
La AP-36 como elemento clave
El auto del Juzgado de Madrid anula así la junta de acreedores de la AP-36, que estaba convocada para el próximo miércoles 4 de marzo. Sin embargo, el Ministerio aún dispone de 20 días para presentar un recurso de apelación contra la sentencia.
En este contexto, con la liquidación de la primera autopista peligraría la viabilidad de todo el plan de rescate, ya que el mismo está calculado a partir de la inclusión de las ocho infraestructuras en una empresa pública que, en caso de perder una autopista, podría incumplir con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
Ante esta situación, el Ministerio de Fomento ha señalado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado Mercantil número 2, pues considera que los motivos que argumenta el juez no justifican la decisión de liquidar la autopista, al entender que los defectos que señala en el plan de rescate son subsanables.