La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha analizado la evolución de las formas y plazos de pago en el sector del transporte por carretera en septiembre a través del Observatorio permanente de la morosidad, que puso en marcha en julio de 2012.
La encuesta de carácter continuo se realiza entre una muestra de 800 empresas transportistas titulares de vehículos pesados de servicio público de ámbito nacional, a los que se les solicita información acerca de las modalidades de pago y los plazos de pago que perciben las empresas transportistas.
Se trata de verificar el grado de cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad en las relaciones comerciales, que establece un plazo máximo de pago de 30 días desde la fecha de prestación del servicio, ampliable a un máximo de 60 días si así lo establecen las partes.
Los resultados del mes de septiembre apuntan a que el medio de pago preferido por los clientes de los transportistas es el confirming, un 35%, seguido del pagaré, un 31%, la transferencia, un 31%, y el cheque, un 3%.
Aumenta el plazo medio de pago
En lo relativo a los plazos de pago, incumplen la Ley de Morosidad un 71% de los pagos que realizan los clientes a los transportistas, una cifra que se mantiene con respecto al mes de agosto.
En el último mes se observa, además, un aumento en los días de media en los plazos de pago respecto al mes anterior, de forma que en agosto el plazo medio de pago se situó en 82 días, mientras que en septiembre ha sido de 90 días.
No obstante, desde Fenadismer recuerdan que, dado el carácter atípico del mes de agosto por el periodo vacacional, la comparación deben hacerse con julio, mes en el que los plazos también se establecieron en 90 días, pero en el que el porcentaje de incumplimiento de la Ley de Morosidad fue mayor, con un 77% de los pagos no realizados a tiempo.
En este contexto, la Federación y el resto de organizaciones que integran la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad han exigido este miércoles 14 de octubre, ante el Congreso de los Diputados, el establecimiento de un régimen sancionador que evite los actuales incumplimientos de los plazos máximos establecidos en la Ley de Morosidad.