El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha instado al Gobierno regional a informar sobre las acciones que desarrolla para que el proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla pueda llevarse a cabo "en plazo" y con garantías.
En concreto, la diputada popular Alicia Martínez ha elevado una pregunta para respuesta oral en Pleno, en la que se pregunta por las intervenciones de la administración autonómica para culminar los trámites necesarios para la ejecución del dragado en plazo y "cumpliendo con todas las garantías medioambientales y para los cultivos afectados".
Al respecto, Martínez ha defendido esta semana una proposición no de ley, rechazada en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, para buscar "consenso" entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y los agentes implicados por un lado, y, por otro, impulsar las acciones necesarias para poner en marcha, "en el menor tiempo posible" y con las medidas correctas incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), esta iniciativa.
Por su parte, la Autoridad Portuaria ha considerado que el proyecto podría iniciarse sin vinculación a la iniciativa que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) redacta para la modernización del regadío del arroz, que pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir.
Según ha explicado el presidente del puerto sevillano, Manuel Fernández, existen estudios, con los que de hecho contarían los propios agricultores del arroz, que indican que "en determinados tramos la obra no afecta nada" en lo referente al aumento de la salinidad, un proceso que ha recordado que es "natural".
Ello viene al hilo de las explicaciones por parte de la CHG en el sentido de que la iniciativa, que debe someterse a las conclusiones del dictamen científico incluido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003, podría realizarse sin acometerse la modernización del regadío, pues éste no está incluido como tal en los condicionados de la declaración, sino que es una iniciativa con la cual, al margen de "justificarse sola" por el ahorro energético y de agua que supondría, la administración pretende salvar el control de la salinidad que sí se establece literalmente.
De iniciarse el dragado y no respetarse ésta, sería necesario indemnizar a los arroceros en el caso de que se produjeran perjuicios para este segmento que derivaran en pérdidas de productividad.
Por lo demás, Fernández ha confirmado que el puerto asistirá a la Comisión de Aguas del próximo 12 de marzo, donde, según ha anunciado la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, se verá, de manera previa a su paso por el Consejo de Participación de Doñana, el proyecto de protección de las márgenes del estuario, presentado ya por el puerto a la Junta y que también aparece como un condicionante de obligado cumplimiento.