Las cifras de explotación de PlaZa obtenidas en 2015 han sido peores de lo esperado
Como resultado del tijeretazo de 32,2 millones de euros que el gobierno de Aragón aplicará a las empresas públicas de la región, el presupuesto de la Plataforma Logística de Zaragoza PlaZa pasará de ser de 16,6 millones a 10,5 millones.
Los recortes del gobierno aragonés, que irán acompañados de nuevas fusiones, ventas y liquidaciones y que ya habían sido anunciados previamente, reducirán en un 10,8% los presupuestos de las empresas públicas, pasando de 295,8 millones en 2015 a 263,6 millones en 2016.
En lo que respecta a PlaZa, la mayor plataforma logística dependiente del gobierno regional y una de las de mayor tamaño en Europa,prevé terminar 2016 con unas pérdidas de 3,1 millones, lejos de los 13,6 millones con los que se cerrará el ejercicio de 2015 y de los números rojos registrados en 2014, que ascendieron a 20,8 millones.
En este contexto, las cifras de explotación obtenidas en 2015 han sido peores de lo esperado, ya que difieren de las previsiones iniciales, que establecía unos números rojos de 12,5 millones en lugar de los 13,6 millones con los que cerrará este año.
Las menores pérdidas para 2016 se deben a la reducción del pago de intereses de la deuda de la plataforma, después de que el gobierno autonómico asumiese la deuda de la plataforma.Como resultado, en 2016 se deberá hacer frente al pago de cuatro millones en lugar de los 10 millones que se han pagado en 2015.
Concluída la instrucción del 'Caso PlaZa'
Actualmente, el denominado ‘Caso Plaza’, por los desfases millonarios en el coste de las obras, ha dado por concluída la fase de instrucción, en la que se ha imputado a un total de 26 personas por 19 delitos económicos.
Entre los imputadosse encuentra el exdirector gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril; el viceconsejero y exconsejero de Obras Públicas del gobierno de Aragón, Carlos Escó, y el empresario y expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.
En cuanto a los 19 delitos presuntamente cometidos por los imputados son los referidos a malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsificación documental, prevaricación, fraude y exacciones legales, según el auto hecho público el viernes 30 de octubre.