Vista aérea del puerto de Sevilla.

Vista aérea del puerto de Sevilla.

La orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda el pasado lunes 28 de julio, que establecía la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla (ZFS) no responde a lo pactado inicialmente al no incluir en el mismo como miembro gestor a la Autoridad Portuaria de Sevilla, algo que desde el puerto han entendido como un error de redacción que aseguran será modificado, tras las conversaciones mantenidas con el Ministerio de Hacienda.

Así lo ha señalado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, este martes 29 de julio, añadiendo que también estarían incompletas las previsiones relativas a la financiación inicial del recinto.

El proyecto de la quinta zona franca de España, destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías, estará ubicado en 719.876 m² de superficie del dominio público portuario del área de Torrecuéllar, para la creación de un espacio de almacenamiento de mercancías comunitarias y no comunitarias exentas de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género.

Aunque los terrenos donde se instalará la ZFS son administrados por el puerto, corresponde al Consistorio la instalación de un cerramiento que necesita una inversión de 3.290.000 euros.

Errores en la financiación

Además, Castreño ha explicado que, si bien la orden ministerial recoge los posibles ingresos derivados de las concesiones administrativas relacionadas con los suelos de la zona franca, ingresos que corresponden a la Autoridad Portuaria, no sucedería lo mismo al mantenimiento del recinto, «nada más nacer», gracias el impuesto de sociedades devengado por las seis empresas ya instaladas en un espacio portuario incluido en el ámbito de la naciente zona franca.

Y es que «la mitad» del nuevo espacio que ahora nace corresponde a una zona portuaria «ya desarrollada» y en la que ya funcionan seis empresas. Además, en estos mismos terrenos se proyecta un centro de desguace de buques en un enclave de la antigua esclusa, abarcado por el perímetro de la naciente zona franca.

Castreño, no obstante, ha precisado que la Autoridad Portuaria promoverá una «consulta» entre todas estas empresas para aclarar si finalmente se acogen o no a los términos fiscales de la zona franca.

Carmen Castreño, en definitiva, entiende que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cometido «un error» en la redacción de esta orden ministerial, probablemente porque la zona franca de Sevilla es la primera fluvial y está marcada por una serie de particularidades y «se ha dibujado una zona franca según las habituales», extremo que según dice ha tratado ya, aunque brevemente, con el Ministerio.

Empresas interesadas en el proyecto

Por otro lado, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento  de Sevilla, Javier Landa, ha señalado que la futura zona franca cuenta con «muchos empresarios interesados» en instalar sus empresas en el recinto. Además, ha recordado que los cálculos iniciales del Ayuntamiento señalan una facturación inicial de aproximadamente mil millones de euros al año. 

Con respecto a la posible competitividad con la Zona Franca de Cádiz, Landa ha señalado que se trata de «zonas francas complementarias», precisando que, de cualquier modo, los empresarios son quienes «optan por quedarse en un sitio u otro», sin que tal aspecto esté sujeto a las decisiones de las administraciones.