Transporte por carretera en Murcia

El dumping social impacta negativamente en mayor medida en las pequeñas empresas.

El Congreso de los Diputados tramita actualmente una Proposición no de Ley para combatir el fraude laboral transnacional y la competencia desleal en el sector del transporte por carretera, fundamentalmente en las empresas de transporte transfronterizas.

La iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Socialista plantea la necesidad de atajar las “indeseables» situaciones de «discriminación» entre los trabajadores de un determinado Estado y, por extensión, las situaciones de competencia desleal entre las empresas que funcionan en el mercado interior.

Por ello, solicitan transponer «con carácter inmediato» la Directiva europea 2014/76 relativa al desplazamiento de trabajadores efectuados en el marco de una prestación de servicios, como ya han llevado a cabo otros países europeos, entre ellos Francia y Alemania.

Dicha normativa europea es la que ha permitido a estos países establecer la exigencia de que los transportistas extranjeros comuniquen a las autoridades la entrada a su territorio, así como implantar el salario mínimo para conductores extranjeros

La Proposición no de Ley considera que la incorporación al ordenamiento jurídico de esta Directiva contribuiría a combatir uno de los problemas de competencia desleal «que mayor auge están alcanzando en los últimos años», en relación con la deslocalización de empresas de transporte europeas.

Así, frenaría la competencia desleal que esta situación está generando para el resto de empresas de transporte, que ven como algunas compiten con menores costes laborales y fiscales sin tener presencia real en los países en los que se han establecido.

Medida «urgente»

Por ello, la Proposición no de Ley plantea que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que incorpore «urgentemente» al ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores.

En este contexto, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España vienen reclamando, de manera «insistente», la necesidad de establecer una regulación en España que permita controlar la situación de competencia desleal que en la actualidad atraviesa el sector.

Así, desde la Federación han indicado que la actuación insolidaria y “poco patriótica” de grandes empresas de transporte, que se están deslocalizando en los países del Este de Europa y despidiendo a trabajadores españoles, está ocasionando un impacto muy negativo para las pequeñas empresas que constituyen el tejido empresarial del sector. 

A este negativo impacto se debe sumar el grave perjuicio a las arcas públicas españolas que conlleva estas prácticas, por la no tributación de estas empresas en el país y por la destrucción de empleo.