El portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Rafael Simancas, ha registrado el lunes 6 de octubre en el Congreso una proposición no de ley para exigir una vez más al Gobierno que renuncie a sus pretensiones de privatizar Aena, alertando de los riesgos que tal operación conllevaría para la economía española y para la vertebración territorial del país.
En la iniciativa, que será debatida en el Pleno de la Cámara, el diputado madrileño ha criticado en particular que el proceso de privatización del gestor aeroportuario se haya realizado sin transparencia y sin participación del sector, lo que ha despertado "importantes críticas" tanto de los trabajadores como de la Asociación de Líneas Aéreas.
Además, Simancas ha reprochado al Ejecutivo que este proceso se haya iniciado "una vez la empresa pública ha equilibrado sus cuentas" mediante cuatro "consecutivas y desproporcionadas" subidas de las tasas aeroportuarias y una "importante reducción de los costes salariales" con la "expulsión" de 1.200 trabajadores, dos medidas que han provocado "importantes caídas en el tráfico de algunos aeropuertos españoles".
"Es una muestra de incoherencia que el mismo Gobierno que proyecta socializar las pérdidas de la gestión privada de las autopistas de peaje, creando una sociedad pública que asumirá las deudas de las empresas privadas concesionarias, proyecte la venta de Aena. Y lo que es más grave: que intente sustentar esta decisión en una mejora supuesta en la eficacia, la competitividad y el servicio a los ciudadanos", ha añadido.
"Ha sucedido en el pasado"
Y es que, a juicio del socialista, si el Estado pierde el control de la gestión del sistema aeroportuario se pondrá "en riesgo un sector de importancia estratégica para la economía y la vertebración del territorio", como ya sucedió en el pasado con otros procesos privatizadores "muy cuestionados, llegados a cabo por gobiernos del PP".
Por todo ello, Simancas ha emplazado al Ejecutivo a "paralizar el proyecto de privatización de Aena Aeropuertos, garantizando su titularidad pública y su funcionamiento eficiente en red, con una participación determinante de las administraciones autonómicas y los agentes económicos y sociales de los territorios en su gestión".